La tensión existente entre las posturas centralistas y regionalistas no es ninguna novedad. Desde la creación del Estado chileno en el siglo XIX estas dos visiones han estado en la discusión política, imponiéndose la visión centralista. El Estado portaliano y la Constitución de 1833 fijaron como forma de gobierno un Estado unitario, definición no modificada por ninguna redacción posterior.
Ahora, este tema vuelve a posicionarse en la arena política. La elección de los nuevos gobernadores, la discusión de diversos proyectos de ley que al menos en teoría buscan generar un mejor al proceso de descentralización y la reflexión que se dará en la Convención Constituyente en torno a esta temática, abrirán el debate ciudadano sobre los caminos que pueden seguirse para dar respuesta a las necesidades actuales de nuestro país.
Según informaciones de prensa, el 57,9% de los constituyentes se muestra a favor de mantener el Estado unitario pero otorgando mayores atribuciones a las autoridades regionales, mientras que un 41,3% cree que es necesario pasar a un estado federal o regional. La tendencia, evidentemente, es profundizar la descentralización del país, la forma de hacerlo aún está siendo cuestionada y analizada.
La diversidad de realidades territoriales es evidente. La vida en Arica, poca relación tiene con las necesidades de los ciudadanos de Magallanes; sin embargo, la estructura estatal sigue implementado políticas públicas comunes. La concentración del poder en los espacios de tomas de decisiones sigue arraigada en Santiago. Un ejemplo gráfico es que una de las medidas del Plan "Paso a Paso" establece que el sector gastronómico puede funcionar en terrazas, medida completamente inaplicable en las regiones del sur, especialmente en invierno.
Es necesario modificar esta estructura. Cada región tiene características particulares y necesidades propias y son las autoridades regionales y locales quienes mejor las conocen para poder definir las mejores soluciones. Es imperativo romper el paternalismo instaurado en nuestra tradición democrática y transitar hacia una reestructuración del poder que permita manejar de mejor manera las realidades regionales. Los gobiernos locales y las futuras autoridades regionales deben gozar de mayor autonomía administrativa y financiera para impulsar políticas públicas con pertinencia territorial. Confiamos en que así lo consagrará la Convención y que la nueva Carta Fundamental, por primera vez en la historia, reconozca tal realidad.
"Es imperativo romper el paternalismo instaurado en nuestra tradición democrática y transitar hacia una reestructuración del poder...".
