Casi termina el primer semestre de 2021 y la realidad escolar es compleja en todo el país. Las clases a distancia o "híbridas" han desafiado a profesores, familias y estudiantes, en el intento por mantener niveles de enseñanza adecuados, a pesar de las actuales condiciones impuestas por la pandemia. Nada se ve sencillo y los resultados alertan.

Hace pocos días fue dado a conocer un diagnóstico entregado por la Agencia de Calidad de la Educación en el cual se evidencia que los alumnos y alumnas entre sexto básico y cuarto medio pasaron desde 2020 a 2021 sin alcanzar los aprendizajes mínimos de cada curso. Es decir, escasamente logran nota 4.0 en contenidos que se consideran básicos en el currículum ya priorizado. En lectura, escasamente marcan 60% y en matemáticas no superaron el 47%; en particular los de segundo medio, que aprendieron solamente un 27% de lo que debían el año pasado.

En Los Ríos -de acuerdo a la información entregada por la Agencia- fueron evaluados 43.179 estudiantes de 297 establecimientos (86% del total de escuelas) y los resultados del territorio son tan preocupantes como a nivel nacional. Los porcentajes parten en sexto básico con 58% para lectura y 56% para Matemáticas y se van deteriorando progresivamente hasta llegar a 4º medio con 48% y 30% respectivamente. Como en todo el país, lo más bajo se ve en segundo medio: 27% en Matemáticas; aunque 54% en lectura.En enseñanza básica también va bajando, pero con niveles claramente más altos: desde 80% en Lectura y 84% en Matemáticas en tercero; hasta 70% y 72% en quinto año.

También inquieta lo socioemocional. Un 70% de los niños, niñas y adolescentes en general manifestó tener dificultades para expresar emociones y 9 de cada 10 alumnos de 3° y 4° medio cree que no asistir al colegio los afectó negativamente y están preocupados. Por otra parte, en el segmento de mayor vulnerabilidad, un 71% dijo que les gustaría que los profesores les preguntaran cómo ha sido estar lejos del colegio.

Claramente son datos duros a considerar y es preciso atenderlos, pero vale también preguntarse si los criterios pre-pandemia son tan válidos hoy como antes. Quizás eso se pueda revisar con más calma, considerando que -sabemos- nada volverá a ser igual.

Es pan de cada día. Las crónicas rojas de diarios, radios, portales y la televisión dan cuenta de la misma cantinela: menores formando parte de bandas lideradas, la mayoría de las veces, por adultos, para cometer delitos más violentos.

La realidad es alarmante: cada vez son más los niños y niñas reclutados por adultos para perpetrar delitos, apostando a la imputabilidad o derechamente al abuso sobre quienes aún no han alcanzado la madurez para resistirse a la mala influencia.

Según el Ministerio Público, los delitos con menores crecieron un 51% los últimos 10 años. En tanto, entre 2008 y 2014 fueron detenidos 94 mil 555 menores de 18 años involucrados en actuaciones delictivas.

Hay varias cuestiones aquí: la inimputabilidad penal de los menores. Vulneración y falta de protección de los derechos de la infancia. Aprovechamiento. Escuelas del crimen -con práctica y titulación incluida- a cargo de verdaderos profesores del delito que muchas veces, repitiendo sus propias historias de vida, conducen tempranamente a los más pequeños, por el mismo camino de la ilegalidad y la delincuencia.

Una cuestión es clara y categórica: La utilización de los menores es un hecho al que Chile debe ponerle atajo, porque no sólo es inmoral, sino que además viola diversos tratados internacionales en materia de defensa de la infancia, que el país ha suscrito.

Viendo esta realidad, hemos hecho una propuesta, actualmente tramitándose en el Congreso, que precisamente tipifica como delito el uso de menores para cometer crímenes y endurece las penas a los adultos involucrados. Hace poco la votamos y está ahora en el Senado en su etapa final.

Modifica para ello el artículo 72 del Código Penal al establecer que si el delito es cometido con la intervención de una o más personas menores de 18 años y mayores de 14, se excluirá el grado mínimo de la pena asignada respecto de los imputados mayores de edad. Además, aumenta en un grado la pena a los adultos si el crimen o simple delito es cometido o perpetrado con la intervención de uno o más menores de 14 años.

De esa forma, buscamos desincentivar estas escuelas del crimen y proteger el bien jurídico mayor que es la infancia, resguardando el derecho que tienen a vivir una vida segura, sana y a salvo de cualquier clase de abuso, maltrato o negligencia.

Bernardo Berger Fett.

Diputado por Los Ríos