Walter Ávila González

A la espera de resultados de informes anteriores y a la elaboración de un protocolo del plan retorno que los propios afectados realizan durante estos días, la comunidad desalojada del edificio Doña Isidora (Isla Teja), el pasado 19 de abril a consecuencia de una explosión y posterior emanación de gases, esperan por fin volver a sus hogares el próximo domingo 20 de junio.

Así lo confirmó Ana Rivera, presidenta del Comité de Emergencias de la comunidad, quien afirmó que "tenemos mucha confianza en volver pronto a nuestros departamentos. Para ello, contratamos de manera particular a geólogos profesionales de la Universidad Austral para que realicen nuevos estudios, los que han demostrado que no existen residuos de gas licuado ni metano en el alcantarillado del edificio".

"Esta información corrobora los estudios y resultados obtenidos hace unas tres semanas atrás por una empresa de Santiago, que fue contratada por Lipigas. Lamentablemente nosotros nos tuvimos que enterar por la prensa y no hemos tenido esos informes, ni tampoco los realizados tiempo atrás por otras entidades. Por lo mismo, tampoco hemos tenido respuesta de los motivos que provocaron la explosión y posterior emanación de gases".

"Esto derivó en que tuviéramos que actuar de manera particular, teniendo en cuenta que este es un problema de la comunidad. En ese sentido, nos sentimos desprotegidos por parte de las autoridades públicas", destacó.

Respecto del retorno, informó que no necesitan la autorización de la autoridad sanitaria, "ya que en ningún momento el edificio ha estado clausurado por temas de salud, sino que fue por prevención. En ese contexto, por lo mismo trabajamos con prevencionistas de riesgo en la construcción de un protocolo para el plan retorno, el que incluye medidas de seguridad y un sistema de alarma y acciones para este tipo de acontecimientos", enfatizó.

La dirigenta recordó que en total fueron 23 las familias afectadas, donde la mayoría ha tenido que arrendar una nueva vivienda o viajar a casas de familiares en otras comunas.

El Intendente César Asenjo, junto al jefe de zona de Carabineros, general Claudio Valencia; la gobernadora de Valdivia, Marcela Sandoval; el gobernador del Ranco, Helmut Palma; y el coordinador regional de Seguridad Pública, Claudio Mansilla, dieron a conocer los alcances de la promulgación de la Ley que institucionaliza el Sistema Táctico de Operación Policial (Stop).

En ese contexto, destacaron que esta medida permitirá optimizar y transparentar la gestión táctica policial orientada a la prevención de delitos, promoviendo además, la participación de representantes de organizaciones civiles y de organismos públicos en el trabajo contra la delincuencia.

Al respecto, el jefe de zona de Carabineros explicó que "esta estrategia se retroalimenta permanentemente, involucrando la participación de unidades especializadas como el OS7 y las SIP, que profundizan el seguimiento de los delitos".

Y agregó que "esta modalidad de trabajo se fortalece con las alianzas estratégicas con los vecinos que con sus denuncias aportan insumos e información importante sobre los factores de riesgo. La implementación nos ha demostrado que innovando y haciendo mejor uso de los recursos, se pueden lograr resultados concretos en tiempos acotados, descentralizar la toma de decisiones, mejorar la rendición de cuentas y lograr mayor eficacia en la reducción de los delitos".

Cabe destacar, que desde su implementación en 2018, se han realizado mil sesiones de Stop a nivel nacional, 29 de ellas en la región de Los Ríos.

La Corte de Apelaciones local confirmó la prisión preventiva de F.A.G.B., imputado como autor intelectual del delito de homicidio, con promesa remuneratoria, disparos injustificados y daños simples. Ilícitos perpetrados en marzo del año pasado, en el sector de Barrios Bajos. El tribunal no dio lugar al recurso de apelación de la defensa que pretendía una cautelar de menor intensidad. De acuerdo a la Fiscalía, debido a rencillas originadas por negocios de drogas, el imputado decidió contratar al colombiano Juan Ortega Ramírez -hoy en prisión preventiva- para dar muerte a Germán Muñoz a cambio de $3 millones.