La Cámara de Diputados rechazó ayer la acusación constitucional presentada contra el ministro de Educación Raúl Figueroa. 71 de los parlamentarios respaldaron la iniciativa, entre ellos los representantes locales Iván Flores, Marcos Ilabaca y Patricio Rosas; mientras que 76 la rechazaron, incluyendo a Bernardo Berger y Gastón von Mühlenbrock.

Este trámite en el Congreso fue iniciado por doce legisladores, quienes cuestionaron -entre otras materias- el manejo de la crisis sanitaria y la oportunidad de las medidas para retomar las clases presenciales en los establecimientos del país. Sin duda, esos son temas importantes y, más allá de lo sucedido a nivel legislativo-político, lo cierto es que seguirán en el interés comunitario y en la obligación estatal.

Un área básica sobre la cual se deberá continuar interviniendo es la adecuación del espacio físico para escolares. Los colegios que ya regresaron aplicaron normas de seguridad, adaptaron salas y dispusieron de implementos, financiados en primer lugar con recursos aportados por los municipios y los sostenedores. Además, el Ministerio otorgó un fondo nacional especial de $25 mil millones para este ítem. En Los Ríos son $625 millones, a los cuales pueden postular 457 recintos municipales y subvencionados.

Otro punto clave es el refuerzo pedagógico para recuperar los niveles de aprendizaje y prevenir la deserción estudiantil. Para ello se diseñó un plan participativo que se llama "Juntos, Chile se recupera y aprende" y a nivel local fue presentado por la seremi Bárbara Agüero.

La primera parte del plan es una consulta ciudadana abierta. Está en juntos.mineduc.cl, y se puede responder con garantía de confidencialidad. Una segunda parte son cabildos ciudadanos (23 de agosto al 3 de septiembre). Luego, los resultados de la consulta y los cabildos se analizarán en mesas de expertos. Se hará así-explicó Agüero- una "hoja de ruta" a 4 años.

Es de esperar que muchos participen en el proceso y que sus opiniones permitan, por ejemplo, apoyar el acceso a conectividad y tecnología de manera equitativa, elementos -ahora- básicos para estudiar.

En ese contexto, la preocupación parlamentaria (que seguramente motivó la acusación al ministro), también debiera reflejarse en iniciativas que garanticen la equidad en los nuevos escenarios educacionales.

El Informe Mundial sobre las Drogas 2021 de la Organización de las Naciones Unidas presenta una imagen del impacto potencial asociado a la crisis de Covid - 19, con cifras que entregan una visión detallada sobre las principales necesidades en el ámbito de la prevención y tratamiento. Uno de los datos relevantes es el aumento de personas que consumen drogas a nivel mundial, 22% más que en los últimos diez años, registrando 275 millones. Mientras que, dentro de los 77 países encuestados, el 64% presentó un aumento en el uso no médico de sedantes y 42% del consumo de marihuana.

Con todo, 36 millones de personas sufren de trastorno por consumo de drogas, lo que sin duda es desafiante para los gobiernos, pero sobre todo para los equipos de tratamiento.

En nuestro país, según la encuesta online "Efectos del Covid - 19 en el uso de alcohol y drogas", presentada por SENDA, las cifras no aumentan tan dramáticamente como el reporte anterior. Sin embargo, cabe destacar cómo el consumo aparece vinculado a las dinámicas de socialización con otras personas, y en el contexto actual la justificación del consumo se atribuye al estrés, ansiedad y depresión que provoca las actuales medidas de confinamiento y restricción de participación social.

De igual forma, se destaca el aumento de la disponibilidad a través de internet de distintas drogas, ampliando el mercado de distribución de éstas.

Ante esto, es importante enfatizar que el problema de las drogas depende de múltiples variables, las que gracias a la pandemia se han podido visibilizar de mayor manera. Ello permite comprender que todo consumo tiene una funcionalidad y no sólo debe ser asociado a conductas compulsivas y nocivas, lo que puede ser más clarificador al momento de generar estrategias preventivas y de tratamiento, entendiendo que el consumo siempre será una conducta de riesgo, ante la cual debemos contar con la información y estrategias necesarias para afrontarla.

Por ello, es relevante trabajar en conjunto con las autoridades, pero también con la comunidad, la cual debe estar informada y así ser mejores gestores de su propia salud. Los cambios deben ser implementados antes de evidenciar el impacto nocivo, siendo esencial el trabajo preventivo basado en la evidencia científica, la cual es muy eficaz en función de costos, para evitar el aumento de personas que presentan consumos problemáticos, y daños asociados.

Rubén Soto Lovera

Director de la carrera de Terapia Ocupacional de la U. San Sebastián sede Valdivia