Preocupación por crimen organizado
La presencia de carteles internacionales en Chile es inquietante. En Los Ríos no hay indicios de ello, pero sí alza de narcotráfico Desde la PDI se informó un alza de los decomisos equivalente a un 699% en relación al año anterior y el desbaratamiento de cuatro bandas en Los Ríos.
Preocupante. Muchísimo. Así es el escenario futuro para el país si no se toman en serio las palabras del fiscal nacional Jorge Abbott respecto de la presencia en Chile de carteles internacionales de drogas y crimen organizado.
"Hay que tomar medidas inmediatas", sentenció citando datos del Observatorio del Narcotráfico emitido por el Ministerio Público. Pero no hay respuestas sencillas. Hace veinte años ya se habló que el territorio nacional se había convertido en ruta de paso para "blanquear" cargamentos y remesas de dinero, con ayuda de grupos locales. El tema fue escalando. Más organizaciones, más armas, más lugares tomados y con dinero fácil y abundante para ganar simpatías en distintos sectores socioeconómicos.
En 2016 el mismo informe de Fiscalía revelaba que en el país existían 426 barrios críticos en materia de venta ilícita de drogas; que aumentaba el tráfico de cocaína y que la sanción penal por sí sola (5 a 15 años de presidio) no bastaba para frenar lo que estaba ocurriendo. Ahora, cinco años después, el panorama es todavía más complejo y hasta, quizás, preparado, para abrir una puerta difícil de cerrar: bandas que operan desde las cárceles, policías cuestionadas por probidad y con escasas herramientas para actuar; Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo en entredicho y altamente criticados; convulsión social latente, y hasta el mismo Abbott en medio de una polémica pública.
En Los Ríos hay señales inquietantes. No existen indicios de bandas internacionales, pero ya casi se ha naturalizado escuchar fuegos artificiales informando llegada de drogas; agresiones con armas, presencia de grupos articulados. En la reciente semana desde la PDI se informó un alza de los decomisos equivalente a un 699% en relación al año anterior y el desbaratamiento de cuatro bandas.
Investigación, sanción, restricción de oferta (incautación y destrucción) y disminución de demanda, son algunas de las estrategias utilizadas hasta ahora en el marco de la Ley 20.000 que rige desde 2005. En las tres primeras debe intervenir la institucionalidad estatal; en la última, puede colaborar la comunidad, para enfrentar consumo por la vía de la prevención. Ese eslabón, aunque se vea pequeño o débil en la cadena, debe reforzarse con urgencia.