Las cifras de incendios forestales registradas hasta hoy en Los Ríos debieran comenzar a inquietar y a multiplicar las actividades de prevención. Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informaron que a la fecha se han registrado 10 siniestros de este tipo en la región, tres más que en el mismo período de la temporada pasada (2020-2021) y ese número podría subir en los próximos días, en los cuales se conjugan calor y falta de precipitaciones.

Lamentablemente a esas condiciones naturales se suma también la presencia humana, que aumenta luego del levantamiento de restricciones de movilidad.

Recordemos que más del 90 por ciento de este tipo de eventos tiene origen antrópico, ya sea de manera intencional -con el objetivo expreso de causar daños- o de forma casual, por descuido al apagar fogatas, tirar colillas de cigarrillos, mal manejo de residuos y otras acciones perfectamente evitables.

¿De qué manera se puede enfrentar este tipo de situaciones? Tomar precauciones es clave. Toda la comunidad debe evitar conductas riesgosas como las descritas y también denunciar acciones sospechosas (el número 130 funciona permanentemente), para que se pueda intervenir a tiempo. Por otra parte, desde Conaf recomiendan especial cuidado a quienes viven en "zonas de interfaz"; es decir, cercanas a bosques y a gran cantidad de vegetación. Ellos deben proteger sus casas limpiando las cercanías para sacar material combustible (hojas, palos, pasto) o desechos; como también mantener siempre conectividad o agua almacenada para una primera reacción en caso de emergencia.

Por otra parte se debe recordar que en Chile provocar un incendio forestal, por negligencia o intención, es un delito sancionado por la Ley 20.283, el cual puede tener una pena de hasta 20 años de cárcel.

Ciertamente, lo mejor siempre es generar conciencia y no llegar a las sanciones. Cuando se debe recurrir a ellas es porque el daño causado es mayor y porque todo lo demás falló: educación, colaboración comunitaria y reacciones tempranas. Nada bueno. Por lo mismo -y antes de lamentar- hay que hablar del tema y comprometer voluntades para evitar tragedias, la pérdida de hectáreas naturales y el efecto irreparable que el fuego causa a las especies nativas y la fauna endémica.

La promulgación de la nueva ley que creará un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, y que comenzará a regir dentro de un año, modificando la Ley Nº14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, es un gran avance.

Quienes integren la base de datos de este registro, sufrirán una serie de consecuencias, las cuales les obligarán a pagar sus pensiones adeudadas. Cabe señalar que, según la normativa, para que una persona entre al Registro de Deudores debe contar con un mínimo de tres meses seguidos o cinco discontinuos de deuda de pensión de alimentos.

Será una herramienta que permitirá terminar con la impunidad en el pago de pensiones de alimentos, ya que, en nuestro país, según cifras entregadas por el Senado, el 84% de las pensiones se encuentra impagas. Se busca así avanzar en hacer cumplir la responsabilidad parental.

El Registro Nacional de Deudores será 100% en línea y estará administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación. El tribunal deberá actualizar mensualmente el Registro, con el número de cuotas y el monto adeudado de cada persona que lo integre. Sólo se podrá salir del Registro cuando se pague la totalidad de la deuda, o cuando se llegue a un acuerdo judicial que garantice el pago. Únicamente un Tribunal de Familia podrá eliminar del Registro a un deudor.

Algunas de las medidas es que al solicitar un crédito bancario por una suma igual o superior a 50 UF, la entidad financiera retendrá parte de los fondos para pagar la deuda, y que durante el proceso devolución de impuestos, la Tesorería General de la República retendrá el dinero a los deudores.

Otro aspecto relevante es que, si el deudor vende su inmueble o su vehículo, el Conservador de Bienes Raíces o el Registro Civil, respectivamente, podrán inscribir el traspaso, sólo en la medida que se acredite judicialmente que, con las ganancias de la venta, se pagarán los alimentos. Incluso se precisa que, los deudores no podrán renovar sus licencias de conducir ni sus pasaportes, a menos que se acredite frente al tribunal la necesidad de tales documentos.

De igual forma, se establece como delito de violencia intrafamiliar el no pago reiterado de pensiones alimenticias, y se modifica el Código Civil, incorporándose la deuda de pensión de alimentos como un crédito de primera clase, entre otros alcances.

Gina Osorio Carvajal

Directora carrera de Derecho de la U. San Sebastián sede Valdivia