La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto para homenajear formalmente a los "Héroes del Riñihue", las cientos de personas voluntarias y anónimas que participaron en la epopeya del "Riñihuazo" y evitaron la inundación de Valdivia luego del terremoto 9.5 del 22 de mayo de 1960.

La iniciativa legal corresponde al diputado Bernardo Berger, fue ingresada el 30 de abril de este año y cuenta también con el apoyo de los representantes de Los Ríos Iván Flores, Marcos Ilabaca y Patricio Rosas; junto a los parlamentarios Luciano Cruz-Coke, Sebastián Keitel, Isa Kort y Francisco Undurraga, quien firma la propuesta.

Ahora el tema pasará a la Sala, donde debiera también tener acogida, considerando lo positivo que propone, al recordar la tremenda empresa colectiva liderada por el ingeniero Raúl Sáez, y ejecutada por trabajadores, estudiantes, militares y vecinos, además de mujeres voluntarias que respaldaron la logística de la tarea.

Durante tres meses todos ellos lucharon contra el barro y crearon una ruta segura para el desagüe del Lago Riñihue, el cual había subido 26 metros por sobre su nivel normal y acumulado más de 3 mil 500 millones de metros cúbicos de agua, taponeado por tres diques formados por derrumbes causados por el movimiento telúrico y las cientos de réplicas que le siguieron. Finalmente, el 24 de julio lograron un escurrimiento controlado de tres días.

El proyecto aprobado en la Comisión de Cultura rescata la memoria de esa brillante obra de ingeniería y solicita autorizar monumentos en Valdivia y Los Lagos. Para construirlos, el texto instruye una colecta pública nacional, crear una Fundación especial y una Comisión de 13 miembros, entre autoridades, academia y la sociedad civil, que supervisarían ejecución.

No hay fecha de discusión aún, pero es de esperar que avancen los trámites legales y que realmente se materialice este justo -y hasta ahora único- reconocimiento al esfuerzo colectivo desplegado hace 61 años por el bien común. Sin duda hay en esa historia toda una enseñanza aplicable actualmente a los diversos aspectos de la vida ciudadana. Qué mejor mensaje y señal para las nuevas generaciones.

Es sabido que la población de nuestro país está envejeciendo y nuestra Región de Los Ríos es un claro ejemplo de esta realidad. Un punto importante a tener en cuenta, respecto de este grupo etario, es el acceso a la justicia, ya que el envejecimiento se transforma en una causa de vulnerabilidad en este aspecto.

El derecho de acceso a la justicia, el cual se encuentra consagrado en distintos cuerpos normativos internacionales, debe ser entendido como un "Derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial". El período de pandemia ha sido particularmente difícil para esta población, esto corroborado por estudios que se han realizado en Chile, en donde se afirma que, los meses de confinamiento voluntario o mandatorio, han impactado no sólo en la calidad de vida de las personas mayores, sino que también en la percepción social sobre su posición en la familia (U. de Chile, 2020), siendo visible incluso una serie de situaciones de maltrato, ampliamente difundidas por los medios de prensa.

Casi un 30% de las personas mayores viven solos o acompañados de otra persona mayor, por lo cual el confinamiento al que se les sometió se trató de un aislamiento social, lo cual influyó en la desprotección de estas personas.

Las universidades, en especial las carreras de derecho, tenemos un rol muy importante en relación con este tema, ya que debemos ser un aporte en la difusión de derechos y en la prestación de asesoría jurídica, a través de las clínicas jurídicas de las diferentes universidades.

En abril de este año, la Corte Suprema presentó un protocolo de acceso a la justicia de las personas mayores, el cual se constituye como una herramienta dirigida a jueces y juezas, que entrega recomendaciones destinadas a facilitar y mejorar la atención de la población mayor usuaria del servicio judicial (tribunales del país). Entre otras, el Protocolo entrega recomendaciones transversales respecto a: resguardo de derechos específicos; atención y trato; lenguaje e información; infraestructura y capacitación y coordinaciones.

La importancia de salvaguardar el derecho a la justicia de las personas mayores se debe a que es la puerta de entrada al sistema de tutela judicial, el cual permite hacer efectivos los demás derechos.

Gina Osorio Carvajal Directora de Derecho de la U. San Sebastián sede Valdivia