En Chile, cuatro personas mueren a diario a causa de los accidentes de tránsito, cifra que incluye a conductores y pasajeros de todo tipo de vehículos, como también a quienes caminan por las vías. No es bajo.

De acuerdo a los índices oficiales, durante 2021 hubo 1.688 fallecidos, con un alza que convirtió al año pasado en el más crítico desde 2006.

En Los Ríos se registra un promedio de cuatro casos con víctimas fatales mensuales, si se toma como base la estadística de 2020, la cual considera 49 decesos y 217 lesionados graves, en un universo de 1.676 siniestros, de acuerdo a cifras de Conaset (Comisión Nacional de Seguridad en el Tránsito).

Tanto a nivel regional como nacional, un 39% de los involucrados en accidentes de tránsito son peatones y las causas de esos hechos se deben, en un 58%, a imprudencia (cruce por paso no habilitado, caminar en la carretera, circular en estado de ebriedad, etc). En el resto de los hechos, se debe a los conductores. Un 93% de los atropellados resultan con lesiones de consideración y, entre los que fallecen, un 28% tiene entre 40 y 60 años de edad.

Cada situación descrita por los números es una tragedia. Verla cuantificada ayuda a imaginar su dimensión global, pero comprenderla requiere de empatía, capacidad para solidarizar con el dolor de las familias que pierden a sus seres queridos en situaciones que se podrían haber evitado.

Desde los datos es preciso pasar a la acción preventiva. La educación vial resulta clave desde la primera infancia: jamás cruzar la calzada con luz roja, utilizar los pasos de cebra, mirar por donde se camina, respetar las señaléticas. Tras el volante, se debe conducir a la defensiva y a velocidad moderada, jamás guiar un vehículo bebido o bajo la influencia de las drogas; también es preciso evitar ser pasajero en un móvil con un chofer en esas condiciones y no caminar en la vía pública después de ingerir alcohol o sustancias ilícitas, pues los reflejos y capacidad de reacción se reducen peligrosamente.

Todos son consejos reiterados. Sin embargo es necesario repetirlos. Los análisis negativos entregados esta semana por Carabineros así lo indican. Lamentablemente.

En las últimas semanas, los casos de abuso sexual y violencia en establecimiento educacionales se han tomado la agenda nacional. Denuncias por este tipo de hechos se han reportado en varias comunas del país y, lamentablemente, en nuestra región se dio a conocer dos: una en la comuna de Los Lagos por abuso sexual y otra en Valdivia por una amenaza de "masacre escolar". Sin perjuicio de la debida necesidad de que la Fiscalía investigue estos casos y determine las responsabilidades correspondientes, resulta imperante reflexionar en torno a la causa de esta - aparente- explosión de casos y de sus posibles vías de solución. No es baladí cuestionarse si este tipo de hechos son un fenómeno nuevo en nuestra sociedad o si ahora se reportan con mayor efectividad y, por lo tanto, tenemos mayor conocimiento de ellos. Sin perjuicio, de que, en ambos casos, la preocupación es la misma, valdría la pena reflexionar si las cuarentenas producto de la pandemia, podrían haber sido la causa que haya generado estos profundos efectos sociales. Si duda alguna, los y las jóvenes adolescentes han vivido años especialmente complejos, ya que, han tenido que vivenciar las cuarentenas en momentos cruciales para su desarrollo personal. Los dos años de pandemia y de aislamiento social puede ser una de las causas que expliquen la violencia evidenciada en las aulas de clases.

Ante este antecedente, es una obligación poder avanzar hacia un sistema de educación sexual integral y no sexista. La educación es la herramienta más poderosa para poder incidir en el comportamiento de nuestros jóvenes y, por lo tanto, en la proyección de nuestro país. Sin perjuicio de las medidas penales que puedan definirse ante la comisión de los delitos incurridos, es imperiosa la necesidad de avanzar en torno a la implementación de medidas de prevención para las situaciones que configuren dichos hechos. La respuesta opresora del sistema penal no asegura que estas situaciones no vuelvan a ocurrir, por lo que, su ejecución, a posteriori, no es la única vía de solución. Poco se gana con el aumento de penas cuando siguen sumando nuevas víctimas que, de manera independiente a la pena asignada a su victimario, son expuestas a vivencias de abuso sexual o violencia desmedida, cuyas consecuencias físicas y psicológicas persistirán durante años.

Es nuestra responsabilidad detener este tipo de hechos por medio del fortalecimiento de un sistema de educación que busque transmitir de manera efectiva la necesidad de respetarnos, mirarnos y aceptarnos como iguales.

Alfonso de Urresti

Senador