Una de las mayores inquietudes de la reactivación económica es el regreso de las mujeres a la fuerza de trabajo. Antes de la crisis, en 2019, a nivel nacional se había alcanzado un 53% de participación laboral femenina; pero en 2022 llegó a 46%. El retroceso equivale a casi una década. En Los Ríos siempre los promedios fueron inferiores a los del país; pero la baja también es significativa: hace dos años alcanzaba a 50,5% y ahora, 42,1% actual. Este último número es más preocupante aún, pues evidencia el casi nulo avance desde 2010, cuando marcaba 41,3% (Observatorio Laboral).

La pandemia influyó gravemente en estas situaciones. Pérdida del empleo en sectores tradicionalmente feminizados, regreso al hogar al cuidado de la familia, reforzando -lamentablemente- roles de género, que impiden conciliar el hogar con el trabajo remunerado fuera de él. De hecho, más de un tercio de las mujeres "desocupadas" o "inactivas" laboralmente declaran no buscar empleo, por que deben cuidar a otros.

En ese contexto es que se busca generar conciencia entre los hombres sobre la urgencia de que se involucren en la atención del hogar, los hijos e hijas. No que "ayuden" en la casa, sino que asuman responsabilidad en partes iguales, algo que hasta ahora no sucede con la frecuencia necesaria. Una muestra es el bajísimo índice de uso de permiso postnatal masculino, que llega al 0,2% del total de nacimientos. Este año, las isapres de todo Chile sólo han tramitado 15 de ellos y, revisando un comparativo nacional, se aprecia que desde 2011 a 2021 solamente 2.165 padres lo solicitaron; mientras que madres fueron 950.987.

Es cierto que el trámite no es sencillo de hacer; pero también hay que reconocer la persistencia de prejuicios, tanto entre las personas como en las empresas al respecto. Hay excepciones que promueven prácticas con mirada de género, pero muy pocas todavía.

A nivel regional corresponde tanto al sector público como privado abordar estas temáticas, reconociendo especialmente que la salida del medio laboral tradicional vulnera el escenario económico no sólo de las mujeres, sino de las familias. Además potencia la informalidad precariza sus realidades en lo económico y potencia la informalidad, que aquí llega al 35%, mientras que la nacional es de 28%.

El parto de la Modernidad ocurre al fragmentarse el poder concentrado en el cuerpo y nombre "Yo, el Rey" y sustituirse por un Texto que, escrituralmente, distribúyese el poder entre distintos órganos, fuerzas sociales y territorios, buscando el equilibrio entre éstos. Un capítulo de la historia moderna quedó narrado por las luchas de las fuerzas sociales por participar en la escritura de este Texto Constituyente con capacidad de crear realidad al otorgar y distribuir los poderes.

Luchas de las que no estuvieron exentas nuestros países en la post-independencia; éstas ensangrentaron a Chile en el siglo XIX (1829, 1850, 1859, 1891), generando inestabilidad y descontento: la oligarquía santiaguina pro-capitalismo mercantil-financiero-extractivista logró controlar el Texto y concentrar el poder, en detrimento de las provincias. Inestabilidad social que buscó resolverse en el temprano siglo XX con un golpe militar que destituyó a la oligarquía política y, a través de un nuevo Texto (Constitución de 1925), levantó al Estado como entidad llamada a ejercer el poder a nombre de la Nación, respondiendo a la secular demanda de las Provincias con un órgano político, la Asamblea Provincial, que nunca se reglamentó. Un cruento golpe civil-militar en 1973 derrocó este Texto, imponiendo otro en 1980 que, si bien declara la "regionalización " del país, restituyó el poder de la oligarquía mercantil-financiera-extractivista neoliberal santiaguina.

Después de dos siglos de República y luego de nuevas luchas protagonizadas por el Pueblo y las Regiones, ha surgido una Convención Constituyente genuinamente democrática, paritaria y con representación de pueblos indígenas. Constituyente que rompe con el mito de ser Chile una "nación y raza-homogénea" y escribe su identidad "plurinacional e intercultural", fundando un nuevo orden como Estado Regional, que reconoce las luchas de las Regiones a través de la creación de un órgano de participación regional: la Asamblea Regional, aunque con incapacidad de legislar. Entonces, ¿donde residirá la potestad de legislar de las Regiones -cada una de cuyas partes forman la Nación/toda- sino en una Cámara del Congreso Nacional: la propuesta Cámara (Consejo) Territorial? ¿Por qué esa negación a una representación propiamente legislativa para las regiones y no meramente electoral?

Dra. María Angélica Illanes

Historiadora; candidata al Premio Nacional de Historia