Desde el año pasado, el cáncer pasó a ser la principal causa de muerte en Chile. Uno de los factores para ello está en la pandemia, que impidió continuidad de tratamientos y exámenes de prevención, debido tanto a las cuarentenas como a la obligada concentración de los servicios de salud en enfrentar el covid-19, postergando otras necesidades. Las lista de espera actuales -en diversas patologías- dan cuenta de esa realidad.

Los Ríos sabe bien sobre el problema. La tasa de incidencia oncológica en general es una de las mayores del país, llegando a 263,3 (en el caso de los hombres) por cada mil habitantes; mientras que la nacional es de 226 cada mil. Además, registra una de las más altas cifras de pérdida de años de vida, es decir, de muertes prematuras.

Sin duda que mirar las cifras resulta complejo. Más aún si se piensa que atrás de cada una de ellas hay personas enfermas y sus familias; cada uno con historias que tienen que ver con quiebre, con dolor, con cambios profundos permanente en las rutinas diarias y con consecuencias económicas. ¿Cómo se está abordando en Chile y en Los Ríos esta realidad? No es fácil responder.

La Ley del Cáncer contempla aspectos de acompañamiento a los pacientes y se ha buscado reforzar los trabajos con equipos mutidisciplinarios para abordar no solamente el aspecto médico, sino también el del entorno y el emocional, incluyendo el de los profesionales de salud que atienden cada caso. Pero falta.

La ruta del cáncer es dura y no hay consejos generales para transitarla. Para la oncóloga Elisa Herrera, si se pudiera dar un consejo, la comunicación sería el primero: hablar sin miedos en familia, incluso de la muerte, que suele ser un tema tabú, pero que requiere atención; dijo la profesional en una entrevista con www.soyvaldivia.cl.

Afortunadamente, la sobrevida de quienes padecen la enfermedad es alta en Chile, más aún si se comienzan los tratamientos a tiempo. Herrera señala que uno de cada tres fallecimientos se evitaría si se efectúan controles periódicos y se hiciera pesquisa temprana. Sobre todo en el caso de las mujeres ante el cáncer de mama y de cuello del útero, que son los más frecuentes en el país.

En relación al certificado de lucidez que exigen los notarios a las personas sobre 75 años de edad, hay quienes sostienen que esto obedece a un fin de protección, y no de sanción. Así, cuando el ordenamiento jurídico consagra a determinadas personas como incapaces -dementes, impúberes y sordos o sordomudos, que no pueden darse a entender claramente; así como los menores adultos y los disipadores interdictos-, lo hace no para sancionarlas, sino para protegerlas de los terceros que puedan abusar de sus plenas facultades.

A esta conclusión se arriba por algunos, pues según ellos, es posible aplicar por analogía el artículo 1.016 del Código Civil, norma según la cual el notario o los testigos, en los testamentos abiertos, "expresarán la circunstancia de hallarse el testador a su entero juicio". De esa manera, el notario, al exigir el certificado de lucidez, dicen, estaría haciéndolo dentro del marco de la ley. Creo, no obstante, que dicha interpretación es absolutamente errada. En primer lugar, porque las incapacidades establecidas por ley son "de derecho estricto". Es decir, las personas -notarios- no pueden crear nuevas incapacidades según le plazca. En segundo término, porque la necesidad de protección, como se dijo, sólo recae en los incapaces que la ley declara como tales, por tanto, malamente se puede exigir protección a una persona por el solo hecho de tener 75 años. En tercer lugar, porque hacerlo implica una abierta discriminación arbitraria y una seria perturbación a la integridad psíquica, pues la persona, naturalmente, se sentirá ofendida; a la igualdad ante la ley -recordemos que nuestra Constitución establece en su art. 19 nº 2: "ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias"-; al respeto y protección de la honra de la persona; a la libertad para adquirir toda clase de bienes; y -finalmente- al derecho de propiedad. Todos derechos consagrados en nuestra Carta Fundamental.

Por último, le planteo al lector la siguiente pregunta, ¿Sería lógico concluir, que el Sr. Ministro Presidente de la Corte Suprema, don Juan Eduardo Fuentes Belmar, de actuales 72 años de edad, se vuelva "no lúcido" dentro de tres años, cuando llegue la edad de jubilarse del Poder Judicial, por el solo hecho de cumplir 75 años de edad? La respuesta es un rotundo y evidente no. Es más, difícilmente un notario le va a pedir un certificado de lucidez.

Francisco Lara Roloff

Académico de Derecho U. San Sebastián, sede Valdivia