Redacción

El partido en formación Amarillos por Chile se alió con Chile Vamos en la última reunión de la mesa de trabajo para buscar un acuerdo que lleve al nuevo proceso constituyente; y tras el nuevo fracaso de la instancia el viernes en la noche, hubo muchas críticas contra el grupo liderada por Cristián Warnken, al que se le cuestionó su real interés porque este diálogo avance.

Ante los cuestionamientos, el timonel de Amarillos, cuyo grupo se suma a exigir un órgano mixto para elaborar el nuevo texto (comisión de expertos designados más representantes electos) explicó que en las conversaciones se había avanzado bastante y que ellos no pretenden bloquear acuerdos, y añadió que "Zarko Luksic habló a nombre del grupo por el Rechazo, sin incluir a Demócratas, en que está Chile Vamos y Amarillos que tienen un cierto acuerdo, pero no se trata de Rechazo o Apruebo, sino de las propuestas que entran y salen".

Así, aseguró que "vamos a poner todas las energías y nuestra voluntad, sabiendo que somos un grupo pequeño, en que haya un acuerdo. Nadie está pateando la mesa".

El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, manifestó la satisfacción del bloque por la unión lograda con Amarillos.

Respecto a las posiciones diferentes sobre el mecanismo que redacte la nueva Constitución, el senador dijo que "los chilenos están pidiendo que el expertís de los especialistas, más la amplia participación ciudadana, el rol del parlamento y la legitimidad democrática, puedan conjugarse para hacer un proceso serio y responsable y no repetir nada de lo que fue la Convención Constitucional".

"Acá no hay espacio para modelos refundacionales y eso fue lo que hoy día nos inspiró, y estamos muy satisfechos además de que hemos consolidado un bloque negociador donde Chile Vamos se ha unido con Amarillos para poder negociar", añadió el legislador opositor.

Opciones en pugna

La oposición defiende que se cree un órgano mixto. El viernes se propuso uno compuesto por 50 integrantes electos y 25 expertos designados por el Congreso con derecho a voz y voto. Mientras, en el oficialismo plantearon la posibilidad de que fueran 70 personas electas y 30 expertos que trabajen en un anteproyecto que sirva de base, y que además tengan la facultad de votar en la parte final del proceso a modo de revisión.

Como no se logró el acuerdo, la negociación se mantendrá en pausa hasta este lunes.

Incluso el oficialismo ha planteado la opción de que si no se llega pronto a un acuerdo, se deberían plebiscitar las opciones existentes para que la ciudadanía elija qué tipo de órgano constituyente prefiere para elaborar el nuevo texto de una Carta Fundamental.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó ayer de un pulso eruptivo del volcán Láscar, ubicado en la Región de Antofagasta.

"En estos momentos se está emitiendo Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV) y advertencia para tráfico aéreo en la zona. Se ampliará en los próximos reportes", señaló en sus redes sociales el organismo.

La Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), comunicó por su parte que de momento se mantiene la alerta técnica en "Nivel Verde" informando que el pulso fue a las 12:36 horas y que tuvo un desplazamiento reducido de 320 centímetros.

Onemi agregó que "se registró la generación de una columna eruptiva con alta carga de piroclastos de aproximadamente 6.000 metros sobre el nivel del cráter (según imágenes satelitales), dispersada hacia el Suroeste. Dicha explosión generó flujos piroclásticos de menor alcance, hacia Norte y Sureste".

También se informó que Sernageomin continuará vigilando al volcán por si hay un nuevo pulso, mientras "la Dirección Regional de Onemi Antofagasta mantendrá las coordinaciones con los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para alertar oportunamente y dar adecuada respuesta a eventuales situaciones de emergencia por la condición volcánica".

Ante esta situación, Carabineros activó "acciones preventivas", según señaló en sus redes sociales: "Retén Toconao realiza suspensión en cruce Ruta Ch23/Ruta B357" y "retén Socaire entrega recomendaciones preventivas a pobladores y turistas", informó la institución policial.

El gobernador regional, Ricardo Díaz, comunicó en sus redes sociales que "estamos monitoreando pulso eruptivo en Volcán Láscar en la Región de Antofagasta. Conversé con el alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta, y ya se activa el Comité Operativo de Emergencia comunal".

La seguridad representa uno de los pilares básicos de la convivencia y, por consiguiente, su garantía sustenta la existencia misma del Estado de Derecho moderno.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 estableció de forma categórica que la garantía de los derechos necesita de una fuerza pública instituida en beneficio de todos. En este sentido, nuestra Carta fundamental establece que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, por tanto, solo el Estado es competente para asegurar la seguridad interior y exterior del país.

Este monopolio estatal de la fuerza y la coacción es resultado de la superación del primitivo sistema de la autotutela, una concesión de la ciudadanía hacía el Estado a cambio de que garantice la seguridad.

La forma de mantener este acuerdo entre la sociedad y el Estado exige que este último adopte medidas orientadas a mantener la seguridad de las personas o que genere políticas que mitiguen el aumento de la inseguridad pública.

En el último tiempo, la sensación de inseguridad ha aumentado significativamente, lo cual no solo obedece a una percepción ciudadana, sino que las cifras así lo indican.

Según la encuesta Plaza Pública Cadem un 80% de la ciudadanía se encuentra preocupada de ser víctima de un delito en Chile. Las cifran dan cuenta de que la preocupación por ser víctimas de un ilícito aumenta en los espacios con comercio ambulante (85%) y al caminar o manejar por las noches (82%). En tanto, las encerronas o portonazos (49%), robo en la vivienda (40%), homicidio o sicariato (31%), robo o hurto en espacios públicos (28%), violencia en espacios públicos (19%), cibercrimen o clonación de tarjetas (17%), funerales de narcos y fuegos artificiales (12%) son los delitos que producen más temor.

Esto tiene por contrapartida un aumento en el apoyo a las instituciones encargadas de la seguridad: PDI con 82%, Carabineros con 78%, la Fuerza Aérea con 76%, la Armada con 75%, y el Ejército con 72%.

Al momento de buscar explicaciones sobre estas cifras, múltiples son las razones que las justifican, entre ellas aparece el crecimiento de la inmigración, la insuficiencia de competencias de Carabineros para combatir la delincuencia, la corrupción o la ineficacia de la justicia.

Sin duda alguna, el tema de la seguridad pública es un asunto gravitante, especialmente por los efectos que genera en la sociedad, por cuanto un contexto de inseguridad puede llevar a las personas a retomar el uso de la fuerza y hacer "justicia por mano propia".

Con todo, más allá de buscar responsables es preciso avanzar en la búsqueda de las medidas que debe adoptar el Estado ante este escenario de inseguridad, evitando, por sobre todo, la normalización del fenómeno.

Según una reciente investigación del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, uno de los principales desafíos es contar con información consolidada y con mecanismos de medición y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad. A ello, cabe agregar una mejor articulación de los actores del sistema penal (policías, Ministerio Público, judicatura), una mejora en la técnica regulatoria más allá de la ley reactiva a un caso concreto (leyes con nombre) y un fortalecimiento a la gestión y acción de las policías.

"El tema de la seguridad pública es un asunto gravitante, especialmente por los efectos que genera en la sociedad, por cuanto un contexto de inseguridad puede llevar a las personas a retomar el uso de la fuerza y hacer 'justicia por mano propia'".

"Es preciso avanzar en la búsqueda de las medidas que debe adoptar el Estado ante este escenario de inseguridad, evitando, por sobre todo, la normalización del fenómeno".

*Rosa Fernanda Gómez, profesora de Derecho Administrativo e investigadora de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.