Cuatro de los cinco parlamentarios de Los Ríos votaron a favor de la Ley Naín-Retamal en general y del artículo que alude a la legítima defensa privilegiada para los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad en el ejercicio de sus funciones. Ese punto (artículo 7) es el que ha concitado más polémica en los días recientes, incluso algunos desde el oficialismo han apodado la nueva facultad como "gatillo fácil", porque -aseguran- dejaría el uso de las armas a discreción, prácticamente sin controles. Además, aseguran que esas reglas ya están en el Código de Justicia Militar.

El proyecto ha recibido 122 indicaciones, la mayoría del gobierno, y hoy debiera pasar a la sala del Senado (luego de una maratónica jornada en la comisión de seguridad que integra el senador por Los Ríos Iván Flores), para su aprobación completa. Es la idea desde fines de marzo, cuando se interrumpió la semana distrital para apurar los proyectos que tienen relación con la seguridad ciudadana; algo que se hizo luego de la reacción nacional de repudio tras el asesinato de la suboficial Rita Olivares.

La discusión es técnica, pero fundamentalmente política y ha lesionado la unidad interna del oficialismo. El diputado Marcos Ilabaca (PS) ha señalado que el gobierno no comprende "que la seguridad es tarea prioritaria y hay que tomarla con seriedad". Y es más duro: "el gatillo fácil no lo tienen los carabineros; lo tienen los delincuentes".

Por otra parte, la ONU y el experto internacional Francisco Cox han expuesto la inconveniencia de no regular con detalle el uso de la fuerza, pues podría dejar espacio -dicen- para la corrupción. Citan los ejemplos internacionales, como México, donde el narcotráfico multiplica su fuerza en escenarios similares.

La legislación sigue su marcha y en este escenario se busca establecer cuándo y cómo los carabineros pueden disparar. La oposición pide un catálogo de delitos; el gobierno dice que sólo en caso de riesgo de vida del uniformado o un tercero. Se ha recordado en estos días la situación registrada en Panguipulli cuando un carabinero mató a un malabarista que se acercaba con un machete. Probablemente la ley se apure; pero la reflexión debe quedar y profundizarse.

En la actualidad son diversos los actores que contribuyen al desarrollo de un territorio y sus comunidades, siendo clave en este proceso el compromiso de cada uno de ellos.

Entre los actores que juega un rol crucial encontramos, principalmente, al gobierno regional, que será responsable de liderar, coordinar e implementar a los actores e iniciativas, a través de su Estrategia Regional de Desarrollo. En la misma línea, se ubican las casas de estudio, que contribuyen en materia generación de conocimiento, investigación y desarrollo, y en la formación de capital humano para el desarrollo económico, social y cultural del territorio.

En dicho contexto, otro actor fundamental se encuentra en el mundo empresarial, que tiene la capacidad de contribuir desde distintos ámbitos al territorio. Uno de los primeros es la generación de empleo, que puede ayudar a la retención de talento, reduce la migración a las ciudades y mejora la calidad de vida de las comunidades locales.

Otro aspecto importante es el impulso que las empresas privadas pueden dar a la innovación y la tecnología, mejorando la eficiencia y la productividad en distintos sectores. La iniciativa privada puede compartir conocimientos y tecnologías con las comunidades locales, mejorando su capacidad para desarrollar habilidades y conocimientos para enfrentar desafíos territoriales, así como colaborar de manera directa y generosa con los emprendedores locales, generando impactos positivos en las vida de las personas.

La innovación en productos y servicios, que se adaptan y se ajusten a las necesidades de las comunidades es otro de los aspectos en que pueden contribuir los privados, además de la implementación de la necesaria responsabilidad social empresarial.

Desde dicha perspectiva, el aporte de los privados al desarrollo territorial es una necesidad, ya que como señala el Diagnóstico del Sector Privado de Chile del año 2022, del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional "El sector privado tiene la oportunidad para fortalecer su la construcción de una sociedad inclusiva , generando mayor productividad y aportando a la transición de una economía verde", tributando a las definiciones de una estrategia de política pública, que ponga en valor la alianza público privada, en la que participen las empresas, el estado y la universidades.Es fundamental reconocer y valorar el aporte de los empresarios, generando los espacio necesarios en los que se puedan encontrar con otros actores como el estado y las universidades, para en conjunto y colaborativamente lograr una sociedad más inclusiva y productiva.