evidencia científica; hacernos cargo de aquellos desafíos que nos pone la IA y dónde se requieren políticas públicas. El tema de la seguridad es uno de ellos, tanto para desarrollar tecnología que nos permitan abordar la gran problemática de la ciberseguridad y proteger al sector público de ataques cibernético, como también hacernos cargo de otros aspectos. Ahí está la protección de datos, por ejemplo. Respecto al tema de la desinformación, el Gobierno está tomando medidas en ese sentido, porque sabemos que la desinformación hoy día afecta a la democracia y la IA hasta ahora ha sido utilizada justamente para difundir noticias falsas. Hay ejemplos como las fotos de Trump (resistiéndose a un arrestado) o del Papa (con parka blanca y piel de animal), que se hizo tan famosa. Creo que ese es un muy buen ejemplo de dónde nosotros necesitamos el conocimiento de distintas áreas del saber, este es un tema que va más allá de un gobierno o de izquierdas o derechas, es una problemática que afecta a nuestras democracias y a la participación política.

-Las policías ya están usando algunos recursos de inteligencia artificial como simuladores o incluso metaverso. ¿Está en los planes que la IA potencie la modernización del Estado?

-De todas maneras. Ahí iniciativas que por el momento están dispersas en el Estado. Tenemos. Existen iniciativas en el ministerio de Economía, la secretaría general de Gobierno, a través de gobierno digital, está en el ministerio de Telecomunicaciones, también en el de Interior, a través del tema de la seguridad, de la ciberseguridad. Pero ahí vuelvo al tema de que nosotros necesitamos generar conocimientos para que estas políticas que hoy día están dispersas y avanzando, pero cada una por distintos carriles, obedezcan a una estrategia y eso es lo que como ministerio estamos tratando de construir. Pero también a través de esta cumbre para que haya una directriz y que exista la evidencia generada por el desarrollo de la investigación que pueda nutrir políticas robustas en materia de inteligencia artificial, tanto para la modernización del Estado, que hoy día es fundamental, como también la alfabetización digital, porque nosotros podemos tener sistema muy moderno de funcionamiento de inteligencia artificial, pero no sacamos nada si las personas no están alfabetizadas digitalmente y no saben cómo utilizar estos distintos servicios. Si bien la pandemia permitió que las personas se alfabetizaran digitalmente de manera casi obligada, porque era la única manera de comunicarse, de trabajar, de estudiar, nosotros tenemos que aprovechar esa capacidad instalada, fortalecer un sistema de alfabetización digital, que esto no parezca que es una caja negra para la población. En la medida en que nosotros avanzamos en darles a conocer cómo esto funciona, la gente le empieza a perder el miedo a que, por ejemplo, hoy podamos utilizar inteligencia artificial para hacer simulaciones que nos permitan tomar decisiones en materia de Seguridad Pública, o que le pierdan el miedo a que hay un algoritmo que hoy día se utiliza para poder hacer el match entre los estudiantes y los colegios, y que más bien entiendan que obviamente toda la tecnología tiene su aspecto negativo, pero también hay aspectos positivos de los cuales nosotros nos estamos ocupando como Estado.

-Uno de los miedos es la pérdida de empleo. ¿La estrategia incluye protección a esto?

-Hoy día la preocupación nuestra, y que es de ahora, es la automatización. El trabajo se viene automatizando aceleradamente hace ya algunas décadas y con la inteligencia artificial esto va a ocurrir aún más cuando tenemos un chat que escribe, que es capaz de escribir una noticia, que es capaz de escribir un trabajo. Hay algo ahí que está ocurriendo y genera un miedo. Para eso estamos trabajando en materia de temas de automatización del trabajo y reconversión laboral desde nuestro ministerio. Tenemos un comité interministerial también, donde están los ministerios del Trabajo, Educación, Telecomunicaciones, Economía, la Secretaría General de Gobierno. Nosotros como Estado tenemos que entregar herramientas a los profesionales para que puedan ver oportunidades de reinventarse en nuevo contexto. Si bien seguramente va a haber profesiones que dejarán de existir como las conocíamos, pueden existir de otra forma y ahí es donde nosotros como Estado podemos mostrar oportunidades que se abren.

-Subsecretaria, este año el presupuesto del ministerio se duplicó. ¿Estos cambios de los que estamos hablando han modificado de algún modo las prioridades? ¿Dónde está puesto el énfasis?

-Bueno, efectivamente, a veces las contingencias hacen que uno tenga que mover cosas de aquí para allá, pero el foco de este presupuesto estaba puesto en el fortalecimiento del sistema desde el principio, el desarrollo de las Ciencias Sociales, la investigación en arte y la investigación en Humanidades, en el entendido, por ejemplo, de que el año pasado tuvimos el programa conocimientos 2030 y que ahora se lanzó, y postularon las universidades, en el entendido de que el desarrollo de los conocimientos tienen que aportar no solamente al desarrollo de tecnología y a la ciencia aplicada. También hemos puesto el foco en la democratización del conocimiento, es decir, el trabajo con las comunidades educativas.

-A ustedes les corresponde llevar adelante la fase de investigación e innovación en la política nacional del litio. ¿Son reales las altas expectativas que se han creado en torno a este recurso? Hay descubrimientos que no lo hacen un negocio tan bueno como se cree.

-Mire, yo le puedo hablar principalmente de lo que es nuestro rol como ministerio en ese contexto. Creo que Chile hoy día tiene una oportunidad, no solo porque tenemos las mayores reservas de litio del mundo, sino que tenemos una oportunidad para desarrollar una industria que tenga valor agregado. Y ahí es donde entra el rol del ministerio de Ciencias, porque para desarrollar una industria que no sea pura extracción, sino donde desarrollamos tecnología, se necesita ciencia, se necesitan conocimientos, IA, innovación. Para eso necesitamos más ciencia y conocimiento, por eso es tan importante el Instituto Público de Tecnologías de Investigación y Tecnología para el Litio, porque ese va a ser un espacio en el cual no solamente se va a desarrollar tecnología para la extracción de litio o para otro tipo de procesos asociados a esa industria, sino que también se van a generar conocimientos que nos permitan que esta industria sea sostenible ambiental y socialmente.

-¿Cómo va el proceso de instalación del ministerio en regiones? Ahora sólo hay cinco seremis.

-Nosotros tenemos un plan, o sea, tenemos una obligación como ministerio, de tener seremías en cada región para el 2029. El plan en nuestra carta Gantt es tenerlas listas para el 2025, es nuestra expectativa. Ahora, en la situación presupuestaria en la que nos encontramos, al menos tenemos que dejar avanzado el camino para que esto se cumpla dentro de los plazos que nos obliga la ley. Pero estamos trabajando para cumplir esos plazos antes.

La seguridad y el orden público son fundamentales para el desarrollo armónico de la sociedad. En el contexto de la crisis actual, es tal la importancia que tiene la criminalidad para la ciudadanía, que todos los otros temas pierden relevancia frente a ella. En la última Encuesta CEP, dada a conocer a principios de este año, la demanda por más salud y mejores pensiones no llegaba ni a la mitad del clamor por más seguridad. En efecto, el 60% de los chilenos indicaban que la delincuencia, los asaltos y los robos eran los temas de mayor preocupación y que deberían ser prioridad del Gobierno.

A nivel nacional, se observa un aumento significativo en los actos delictuales con respecto al año 2021. Al considerar tanto las denuncias como las detenciones flagrantes informadas por Carabineros y la Policía de Investigaciones, en el año 2022, los delitos de mayor connotación social aumentaron en un 45% respecto del año anterior. Junto con ello, nos encontramos con cifras históricas de crímenes violentos, con un triste promedio de 3 homicidios y 13 violaciones por día. Se suma a lo anterior que estos delitos se asocian cada vez más al crimen organizado, con mayores niveles de crueldad, violencia y uso de armas de fuego.

Sin embargo, estas cifras esconden una profunda variación territorial. Las dos regiones en que más aumentaron los delitos de mayor connotación social son Atacama y Arica y Parinacota, con un incremento de cerca del 60%. De hecho, esta última región es la única con índices de delito superiores a los niveles prepandemia. Con esto, las tasas de crímenes en la macrozona norte llegan a cerca de 3 mil casos por cada 100 mil habitantes, alrededor de un 20% más que el promedio del país.

Al profundizar en algunos crímenes violentos las estadísticas son incluso más preocupantes. Respecto a la situación prepandemia, a pesar de que la macrozona norte evidencia un aumento relevante en el número de homicidios, donde más crece este tipo de delito es en la macrozona centro (Coquimbo y Valparaíso), con un incremento mayor al 100%. Causa inquietud que el número de detenciones relacionadas con los homicidios no haya experimentado un aumento similar y que, incluso, se encuentre por debajo del nivel de 2019. Lo anterior nos entrega indicios del cambio en la naturaleza de este delito, con una mayor proporción de imputados desconocidos, asociados posiblemente al crimen organizado.

Lo anterior es evidencia que tanto la delincuencia como sus efectos están desigualmente distribuidos en el país. Por esta razón, las políticas para enfrentar esta crisis deben incorporar una mirada territorial a riesgo de no ser efectivas. Es necesario considerar no solo los impactos directos que tiene la delincuencia, como una mayor necesidad en prevención o persecución penal, sino también las consecuencias indirectas e intangibles. En efecto, el impacto en el bienestar y salud mental de la población, la disminución de la confianza y cohesión social, el desincentivo a la inversión y la menor productividad de las empresas, pueden tener consecuencias relevantes y de largo plazo en las comunidades.

Ante esta situación no es de extrañar que la ciudadanía esté demandando con urgencia mayor protección al Gobierno. Ya decía Thomas Hobbes, filósofo del siglo XVII, que el rol principal del Estado es proveer seguridad y orden, sin los cuales es imposible el desarrollo y la vida en sociedad. Sin embargo, al mismo tiempo es inquietante observar la disminución de la valoración de la democracia por parte de la ciudadanía y el aumento de aquellos que indican que un régimen autoritario puede ser preferible (CEP, 2022).

Si no se resuelve prontamente la amenaza al orden público, se corre el riesgo de abrir la puerta a soluciones autoritarias y propiciar liderazgos populistas que no abordan el problema en su real complejidad. Los enormes recursos anunciados por el Gobierno para atacar este dilema son bienvenidos, pero para asegurar su efectividad, el diseño de la política debe tener una mirada integral y multisectorial, que tome en cuenta las distintas realidades territoriales. Pero por sobre todo, debe incluir el establecimiento de metas junto a un sistema de monitoreo y evaluación, de manera que permita la rendición de cuentas, especialmente a la ciudadanía en las zonas más afectadas.

Crisis de seguridad: importantes diferencias regionales

"Si no se resuelve prontamente la amenaza al orden público, se corre el riesgo de abrir la puerta a soluciones autoritarias y propiciar liderazgos populistas que no abordan el problema en su real complejidad".