Como "una decisión inexplicable y que puede generar graves efectos en la atención de salud pública" calificaron los senadores Iván Flores y Juan Luis Castro el término de los contratos de cerca de siete mil funcionarios de la salud pública que fueron integrados para reforzar la pandemia por Covid y quienes han comenzado a ser desvinculados. Ambos señalaron que "atendiendo a las demandas existentes, especialmente en listas de espera, este personal debe seguir en funciones. De lo contrario, veremos un colapso".

Ambos solicitaron una sesión especial en el Senado, pidiendo citar a los ministros de Hacienda y Salud para debatir sobre "la urgencia de la prórroga de estos contratos".

Al respecto, el senador por Los Ríos, Iván Flores señaló que "no se entienden algunas decisiones que toma el gobierno y por lo tanto es muy difícil acompañarlo en lo que han resuelto. Lo advertimos, lo solicitamos, lo tratamos en reuniones especiales en la Comisión de Salud del Senado y el Gobierno no escuchó. El Ministerio de Salud asistió, el de Hacienda nunca se asomó siquiera a enterarse de lo que nosotros estábamos advirtiendo que podía ocurrir. Ya comenzó la primera ola de despidos y en diciembre viene la segunda. Esto es tremendo".

Flores agregó que "las listas de espera siguen creciendo, las quirúrgicas, las de atenciones de especialistas y algunos directores de servicio a lo largo de todo el país acaban de recibir la notificación de la primera ola de despidos y esto es en servicios de Salud de Arica a Magallanes, autoridades sanitarias de Arica a Magallanes. Y en diciembre viene una segunda ola. Entonces no se entiende cuando la ciudadanía dice primero seguridad, segundo salud, tercero la cuestión económica y después previsión social. ¿Cómo van a contener las listas de espera? ¿Cómo van a poder resolver la disponibilidad de camas? No se entiende y no lo aceptamos. Por lo tanto, estamos advirtiendo que vamos a tener aquí ahora públicamente un problemazo".

Castro

Por su parte, el senador Juan Luis Castro precisó que "la alerta sanitaria que acaba de concluir tiene un lado B, que lamentablemente va a significar más de seis mil personas, mujeres, que trabajan en el mundo de la salud: enfermeras, técnicos paramédicos, kinesiólogos, gente que está en la UCI, en un pabellón, gente que ya no estaba en Covid, porque ese fue el motivo inicial, pero en la práctica asumieron labores permanentes. ¿Acaso al sector salud le sobra gente? ¿No es posible mantener en esas pegas, tan necesarias hoy día, a esas personas, sin detrimento de lo que pueda ocurrir? Yo creo que esta definición de Hacienda tiene que ser revisada".

"La Comisión de Salud del Senado, que yo presido, no ha aceptado ni va a aceptar que se siga echando gente del mundo de la salud pública", agregó.

"No se entiende algunas decisiones que toma el gobierno y por lo tanto es muy difícil acompañarlo en lo que han resuelto...".

Iván Flores, Senador por Los Ríos

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El subsecretario de Energía, Luis Ramos, conoció el Laboratorio de Energías Renovables del Liceo Rodulfo Amando Philippi de Paillaco y señaló que se lleva "una grata impresión", ya que pudo ver "cómo se está formando a estudiantes en energías renovables, lo que es relevante para la formación técnico profesional de nuestro país y que se ajusta y es armónico con todas las políticas que estamos desarrollando desde el Ministerio de Energía".

Con respecto al requerimiento del establecimiento de lograr una mención en energías renovables para sus carreras de electrónica y electricidad, el subsecretario Ramos aseguró que "nos ponemos a disposición para colaborar, para ser puentes con el Ministerio de Educación. Sabemos que la solución definitiva pasa por el Mineduc, pero también vamos a evaluar las formas que tenemos de -mientras se producen las reformas necesarias desde Educación- poder apoyar y avanzar en la certificación y acreditación del trabajo que están haciendo los estudiantes".

Alcalde

El alcalde Dr. Miguel Ángel Carrasco agradeció la visita del subsecretario y comentó que el Liceo de Paillaco tiene la capacidad de formar a los técnicos del futuro.

"Para nosotros era fundamental que la segunda autoridad nacional más importante en el tema de electricidad y energía conociera el proyecto educativo y el nivel del Liceo Rodulfo Amando Philippi. Este liceo es un orgullo nacional y eso tenemos que entenderlo, porque es el único que forma técnicos profesionales en energías renovables, pero nada de eso sirve si no tenemos la mención y eso es lo que hicimos, enviar un mensaje claro a Santiago de que en Paillaco tenemos la capacidad de formar a los técnicos del futuro", expresó el jefe comunal.

Coordinador

Finalmente, el coordinador del Área Técnico Profesional, el ingeniero y profesor Luciano Montecinos, destacó la importancia de dar noticias positivas sobre los estudiantes del liceo. "Es gratificante que vengan personas del gobierno a ver lo que estamos haciendo en Paillaco. Eso es lo que nosotros queremos, que nuestros estudiantes entreguen noticias positivas y que la fuerza del técnico profesional ayude al desarrollo de Paillaco", concluyó.

La aprobación del nuevo proyecto en segundo trámite constitucional sobre delitos de usurpación es un hito significativo. Durante años, la usurpación ha estado envuelta en un manto de impunidad, en gran medida debido a la situación actual, donde los castigos son simples multas y van de 6 a 20 UTM. La reforma plantea sanciones de cárcel que varían según la violencia con que se ejecute.

El nuevo marco legal representa un avance . Al establecer penas de cárcel para la usurpación, tanto en su forma no violenta como violenta, se busca castigar y desincentivar la ocupación ilegal. Además, la introducción del concepto de "flagrancia permanente". Hasta ahora, la flagrancia se limitaba a un periodo de 12 horas tras la comisión del delito, según la interpretación predominante de la ley. Esta modificación permitirá a las fuerzas de seguridad detener a los responsables en cualquier momento durante la ocupación ilegal, erradicando así el manto de impunidad que solía proteger a usurpadores.

El proyecto también otorga una medida de justicia a las víctimas de usurpación. Al consagrar la legítima defensa privilegiada, se reconoce el derecho de las personas a protegerse frente a actos de violencia o intimidación.

Otro punto a destacar son las nuevas reglas para determinar la pena. La reforma establece criterios claros y "rígidos" para aplicar la pena de presidio, especialmente en situaciones que involucran bienes destinados a la habitación o que obstaculizan servicios públicos.

Dicho esto, la idea de un posible veto presidencial a la legítima defensa privilegiada es, en mi opinión, impresentable. Las justificaciones que circulan, acerca de un "problema de la legítima defensa privilegiada permanente e ilimitada, parecen desinformadas.

El proyecto de ley da un paso firme hacia más justicia.

Bernardo Berger Fett