El fiscal nacional, Jorge Abbott, criticó que menores puedan ser objeto de controles preventivos de identidad, luego de que la medida fuera aprobada por la Cámara de Diputados considerando desde los 16 años.

"Paradojalmente, el número de niños, niñas y adolescentes que cometen delitos han ido bajando, pero ha ido incrementándose el número de delitos que cometen esos jóvenes y la violencia con las cuales los cometen", expuso el jefe máximo del Ministerio Público en radio Cooperativa.

"Nuestra reflexión es ¿tiene sentido que hagamos control de identidad a cuatro millones de menores para identificar a 20 mil o 25 mil muchachos que están identificados y que efectivamente son los infractores de ley?", se preguntó.

"Lo que va a producir en esos cuatro millones de niños o jóvenes que van a ser controlados, es que van a reaccionar con rabia, a sentirse discriminados y, en consecuencia, estimamos que lo lógico es tomar esos mismos recursos en focalizar la atención en aquellos menores infractores de ley penal que sí podemos identificar y que son un grupo pequeño de ese universo de jóvenes", sostuvo Abbott.

Consultado por la postura del Gobierno, Abbott afirmó: "Probablemente tengan una visión distinta a la nuestra y crean que sea más eficiente el control de identidad... Yo no creo que hay que salir a pescar entre cuatro millones de personas, para identificar a veinte mil muchachos".

Sobre las últimas cifras de victimización conocidas en el índice de la Fundación Paz Ciudadana, planteó reparos al análisis que se ha hecho de ellas. Por ejemplo, dijo que mientras ese informe reporta una importante baja de las denuncias de las victimas, de acuerdo a las cifras del Ministerio Público, ellas subieron. "Hay una inconsistencia en lo que llega al Ministerio Público con aquello que la encuesta dice... En vez de dar opiniones aceleradas, ¿por qué no nos sentamos a ver todos los factores y otros índices?", planteó.

"Esto de echarle la culpa al tipo de enfrente creo que es una mala práctica (...) para el Gobierno, para la clase política, para lo académico, para el Ministerio Público y para la prensa", dijo.

El Gobierno se cerró a rebajar los precios de los pasajes del Metro y presentó querellas invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado contra quienes han causado destrozos al equipamiento del Metro de Santiago, en medio de una jornada, la quinta, donde nuevas evasiones masivas e incidentes violentos en estaciones del tren subterráneo llevaron a que la empresa suspendiera todas sus líneas incluso por el fin de semana.

A primera hora, en radio Agricultura, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a las evasiones, muchas convocadas y protagonizadas por estudiantes y jóvenes, y a la destrucción de torniquetes y otros equipamientos de la red. "Estamos estudiando la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad del Estado. Para eso está la ley. Nadie tiene derecho a afectar la vida de los demás", dijo.

Por la tarde, y tras una reunión de emergencia convocada por el mandatario, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, dijo que las querellas se presentaron contra todos los responsables "de causar daños en bienes del Metro de Santiago e impedir que este pueda desarrollar su funcionamiento".

Dijo que quienes llaman a manifestarse y evadir son grupos "organizados", que afectan a "cientos de miles de personas" que han debido caminar o tomar otros servicios "para llegar a sus casas".

"Ha llegado el momento de las definiciones", aseguró, y llamó a los chilenos a "unirnos contra la violencia y aislar a los vándalos". Dijo que Carabineros cuenta con el respaldo del Gobierno en su respuesta.

Evasiones y operación

Las evasiones volvieron a suceder desde temprano en varias estaciones, lo mismo que manifestaciones que alteraban el ingreso de pasajeros a los andenes y enfrentamientos entre protestantes y Fuerzas Especiales de Carabineros, que desplegó grandes contingentes Hubo detenidos y por la tarde se levantaron barricadas en las afueras de algunas estaciones.

"Toda la red de Metro se encuentra cerrada por disturbios y destrozos que impiden contar con las condiciones mínimas de seguridad para pasajeros y trabajadores", informó la empresa a las 19:20 horas.

Las autoridades dijeron que es probable que las operaciones de Metro sigan suspendidas este fin de semana. En la mañana, el presidente de Metro, Louis de Grange, estimó que, hasta ese momento, "los costos de esta violencia" están 400 y 500 millones de pesos.

Los cierres y las detenciones prolongadas provocaron un gran aumento de la demanda por buses del Transantiago, así como protestas masivas en Providencia, Santiago, Maipú y otras comunas, enfrentamientos entre manifestantes y carabineros, quema de basureros, destrucción e incendio de estaciones de Metro, heridos con perdigones, balines y elementos contundentes, y disparos de advertencia al aire por parte de la policía. Al cierre de esta edición, no había reporte oficial de heridos ni detenidos.

En Chile Vamos, varios legisladores dijeron que si bien es legítimo el descontento de la personas, la violencia debe ser condenada y respondida.

El énfasis del Gobierno fue criticado desde la oposición. El Frente Amplio pidió que el Gobierno deje atrás el alza de los pasajes del Metro, al igual que el presidente del Senado, Jaime Qnintana. "No podemos obviar una realidad: $830 es un valor desproporcionado para muchas familias en Chile (el precio promedio de un pasaje en Latinoamérica son $450)", escribió en Twitter.

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, tras una reunión, descartó rebajar la tarifa: "Hay una decisión que ya está establecida".