El retiro del 10% de los fondos desde las AFP ha estado acompañado por múltiples polémicas políticas y sociales. Entre ellas, una que se mantiene desde el primer proceso es la generada por los cobros de pensiones alimenticias morosas a través de la retención del equivalente a los montos adeudados.

Desde que se abrió esa posibilidad, más de 500 mil madres y jóvenes realizaron los trámites para que los padres pagaran lo que deben -algunos por muchos años- según lo que establece la ley.

Lamentablemente, que se mandatara esta acción, no implicaba que fuera simple. Para muchos de los y las solicitantes el proceso ha significado un largo peregrinar entre los Tribunales de Familia, que ordenan la cancelación; las Administradoras de Fondos, que retienen los montos, y los bancos que los reciben y direccionan pagos a los demandantes.

A lo anterior, varios han debido sumar amenazas de los demandados tanto a ellas como a los niños y niñas. Tanto así, que el Ministerio de la Mujer dispuso apoyos especiales para defensa y protección. Ya en enero pasado, la seremi Yalili Garay hizo la difusión en Los Ríos de los números de Orientación 1455 y el WhatsApp silencioso +56 9700 7000, para recibir las consultas y denuncias respectivas.

En este contexto es que resulta tan relevante el fallo emitido por la jueza Lucía Massri, titular del Juzgado de Familia de Paillaco, quien declaró como "responsable solidaria" a la AFP Capital por el no pago de deuda alimentaria y ordenó que ella entregue, de sus propios recursos, el monto correspondiente (1 millón 32 mil pesos), por no retener el 10% de los fondos previsionales que correspondía para pagar pensiones de alimentos pendientes de un deudor. El tribunal había ordenado la retención el 5 de mayo, pero no se hizo y el día 25 se repitió el dictamen.

Esta determinación es un antecedente de la seriedad del proceso; pero hasta ahora constituyen una excepción ante una realidad que es preocupante y que esta coyuntura de los retiros permitió visibilizar. En Chile, solamente uno de cada cinco hombres demandados por esta causa cumple efectivamente con la entrega del dinero. En Los Ríos, mensualmente se reciben casi 200 demandas por estas causas.

Hace unos días, dos diputados de "Chile Vamos" ingresaron proyecto para prohibir el lenguaje inclusivo en etapa escolar porque son ideologías que "contaminan la educación de niños y adolescentes". Como Francia, que prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas ya que sería un obstáculo para leer y comprender la escritura. ¿No es ideológica la prohibición impositiva? La revuelta de octubre de 2019 abrió la posibilidad de debatir con las infancias, juventudes, profesorado, madres, padres, personas al cuidado. No imponer desde la in-comodidad parlamentaria.

El currículum oculto es ideológico en tanto es sexista y binario, al promover dentro y fuera del aula, una idea del deber ser y el deber-nombrarse. Justamente lo que abrió la revuelta de octubre fue la posibilidad de debatir respecto a cómo pensamos el modelo educativo, más justo, más digno. Debatir, no imponer. El lenguaje como un constructo móvil, donde permeen los horizontes de expectativas.

No decimos que el lenguaje inclusivo solucionará problemas como la violencia de género o la invisibilización. Pero sí es un gesto político, militante, que enriquece los debates críticos del esencialismo biológico, para repensar instituciones como la RAE, promotora de una arbitrariedad cultural dominante del lenguaje, diría Bourdieu. Un gesto que incomoda y plantea urgencias desde los mismos grupos que llamaron "minorías".

En Argentina, con una Ley de Educación Sexual Integral (ESI) desde 2006, el lenguaje inclusivo está en las universidades, en las producciones académicas y la comunicación institucional. Chile no tiene ESI, pero algunas y algunos trabajamos para que esto ocurra a pesar de los argumentos conservadores que piensan la educación sexual como tema privado, de las familias, y no público, de las comunidades.

El lenguaje es uno de los frentes para pensar las relaciones sociales en su complejidad y diversidad.

La "X" no reemplaza a la "A", ni la "O"; nos recuerdan que el género es una construcción sociohistórica y que es necesario escuchar a quienes combaten la omisión, la misoginia, la violencia machista.

El lenguaje tiene fuerza transformadora y capacidad de portar luchas. Propongamos uno que erradique las violencias, para imaginar futuros justos, amorosos y solidarios ahora.

Marcela Vargas Cárdenas

Subdirectora de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales UACh