El 1 de octubre entrará en vigencia el sistema que reemplazará al actual Servicio Nacional de Menores (Sename) y que se ha denominado coloquialmente "Mejor Niñez" (Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia). La idea es que, además de un cambio de nombre, se logre mejorar efectivamente el sistema de protección para los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, muchos de los cuales han vivido abusos. En Los Ríos, de acuerdo a un informe entregado por la PDI en 2018, se registraron 92 de esos casos; entre ese total, uno fue reportado como ataque sexual. Solamente 5 se convirtieron en denuncias efectivas y el documento agrega: "eventualmente", aunque desde la dirección regional se explicó que todos tuvieron un adecuado seguimiento legal.

En una visita reciente, la nueva directora nacional de "Mejor Niñez" María José Castro explicó en Valdivia que la idea es "no fallarles más" a los menores y que el énfasis de la estrategia estará puesto en las familias de origen y también en potenciar programas con Familias de Acogida Especializada (FAE). Con las primeras se buscará ayudarlas a solucionar los problemas que generaron el alejamiento de sus hijos e hijas; con las segundas, la meta es aumentar su número, reforzando sus capacidades de abrir sus casas y brindar apoyo.

La opción de las FAE ya ha estado en marcha por casi una década y datos publicados en la prensa el año pasado indican que su presencia ha ido creciendo a nivel nacional. En 2015 apoyaban en el 32% de los casos de derivaciones infantiles desde la justicia y, en 2019, el 56% de ellos. A nivel regional, existen tres programas de protección en esta modalidad (que debieran continuar en el nuevo escenario) y que siempre están en búsqueda de nuevos hogares colaboradores.

Si alguien quiere sumarse, debe ser mayor de edad, con enseñanza media completa, sin antecedentes penales, con salud compatible y contar con espacio adecuado y tiempo para la crianza. Además, debe comprender que se trata de un vínculo temporal; no de pasos previos para adopción.

Es de esperar que muchas personas se interesen por cooperar. A través de ella, la comunidad puede involucrarse, para contribuir a hacer la diferencia.

Poco más de un mes de funcionamiento lleva la Convención Constitucional. En las últimas semanas, el foco lo hemos puesto en el trabajo interno, para lo cual se han establecido ocho comisiones: reglamento, presupuesto, ética, derechos humanos, participación popular, descentralización territorial, participación y consulta indígena, y comunicaciones. Estas comisiones, de carácter transitorio, nos permitirán proyectar un trabajo permanente, cuando comencemos a discutir los temas de fondo, vale decir, aquellos contenidos esenciales de la futura Carta Magna.

En la estructura organizacional de la Convención, debemos decir que vemos dos escenarios. El pleno, marcado por los discursos ideológicos y polarizados, rozando incluso la caricaturización. Por otro lado, están las comisiones, instancias de encuentro donde se han fortalecido los liderazgos y han primado el respeto, el diálogo y los acuerdos.

Esta última es la línea que debemos seguir. De eso se trata el desafío, de sacar adelante este proyecto nacional. En tal sentido, generaremos el diálogo necesario para que las iniciativas que surjan en las comisiones sean sólidas y establecidas dentro de los plazos que correspondan. Esperamos, a finales de este mes, tener resuelto este transcendental paso.

Por lo pronto, estoy trabajando activamente en la comisión de participación popular, donde hemos establecido cinco temas. Estos son: contribuir en la elaboración de un reglamento de participación, integrando la diversidad territorial, cultural, social y de género. El segundo es fomentar y coordinar redes de apoyo y colaboración institucional que faciliten esa participación. Al mismo tiempo, se impulsará un programa de educación popular constituyente; este tercer tema buscará favorecer la participación en igualdad de condiciones. Asimismo, tal participación popular debe asegurar la integración de sectores históricamente excluidos. Por último, se buscará evaluar y proponer un despliegue territorial de la convención y en donde las instancias de reuniones, sesiones o comisiones se desplacen a otras regiones del país.

Todos estos temas conforman el plan de trabajo para que, como sector, aseguremos la capacidad de integrar la opinión de la gente, y en donde la incidencia de la ciudadanía contribuya a una Constitución que efectivamente sea la casa de todos y no sólo de unos pocos.

Felipe Mena

Convencional Constituyente por Los Ríos