Un estudio piloto sobre violencia intrafamiliar fue realizado en la región de Los Ríos por los ministerios de Agricultura y de la Mujer, en colaboración con la Subsecretaría de Prevención del Delito. La meta es apreciar la ocurrencia de este problema en las zonas rurales.

Los resultados son favorables en términos de prevalencia de hechos en el último año. Marcan un 5,3 % en las áreas no urbanas y un 8% en las ciudades; además que todos los ítems (agresión sicológica, física y sexual) las diferencias son similares. Sin embargo, pese a esa positiva mirada, llama la atención que la cifra de denuncias es más alta en la ruralidad (29,6% frente a un 22,5%). Y eso se repite en todas las áreas medidas: violencia sexual 26,7%, versus 9,6 en lo urbano; violencia física, 36,2% contra 25% y violencia sicológica, 27,7% frente a 18,8%.

Por otra parte, es significativa la diferencia entre las apreciaciones frente al rol social de las mujeres y ante las agresiones. Por ejemplo, un 1.9 por ciento de las encuestadas en el campo señala que es aceptable que el hombre agreda a la pareja en caso de infidelidad (1,2% en el área urbana); un 2.3% está de acuerdo con que las mujeres deben aceptar agresiones por el bien de la familia (contra 0,2%); un 3.3% dice que una mujer debe tener relaciones sexuales con su pareja, aunque no quiera (frente a 2.6%); 21% indica que si hay golpes o maltrato, es algo que se resuelve en familia (14.8%). También que realizar quehaceres del hogar es una tarea más adecuada para las mujeres (30% frente a 20% en las ciudades).

Claramente, estos dispares números inquietan. La denuncia alta, la prevalencia baja y el marco de evidente cultura marcada por los roles tradicionales de género en que se dan los antecedentes, tienden a confundir. Quizás también verlo así sea un prejuicio, pero otros análisis a nivel nacional en el área permiten recalcar que la aceptación social de la violencia, a menudo, implica menos difusión de ella.

Sin duda que estudiar el tema es importante. También lo es una conclusión expuesta por la ministra de Agricultura María Emilia Undurraga al entregar los resultados: existe invisibilización de una realidad que necesita más luz. Y este primer estudio se la entrega.

Por sexta vez, la Cámara de Diputados respaldó mantener el Estado de Excepción Constitucional por grave alteración del orden público en la Macrozona Sur, en la región del Biobío y la Araucanía.

Por otros 15 días la medida otorgará algo de alivio y acompañamiento a miles de chilenos que hace varios años viven amedrentados por la violencia con que operan verdaderas bandas que, utilizando técnicas del mundo del terrorismo organizado, el narcotráfico y la guerrilla, se disfrazan de la causa mapuche para delinquir.

El estado de excepción ha sido efectivo. Así lo demuestran cifras a la baja de episodios violentos en la zona, y números al alza en la percepción ciudadana que mayoritariamente aprueba esta intervención más contundente de la fuerza pública y del gobierno.

Pero sorprendentemente, aún existen sectores, especialmente en el ambiente político del Congreso y de la Convención Constitucional, que abrazan el Negacionismo respecto a lo que se vive en los campos y rutas del sur, y creen que con el puro diálogo se va a reponer el estado de derecho o que se va a reparar a las víctimas de la violencia desatada.

Quiero pedirle a los negacionistas, que por favor pregunten a Carabineros cómo es tratar de proteger a las personas en medio de esta violencia; que conversen con los vecinos y los agricultores que han sufrido pérdidas; que conozcan de primera fuente qué se siente ser amenazado y obligado a abandonar el hogar; que imaginen cómo es enfrentarse a grupos matonezcos, armados hasta los dientes, que te obligan a huir -o peor, te retienen- mientras prenden fuego a lo que te costó toda una vida levantar.

En las dos últimas prórrogas del estado de excepción, hice hincapié en la necesidad de extenderlo a Los Ríos. Hoy es mi deber insistir. Junto a mi colega Harry Jurgensen se lo planteamos formalmente al Ministro de Interior hace unos días. Aun espero respuesta.

Hemos lamentado muchas muertes en la Araucanía. ¿Tendremos que lamentar otras tantas en Los Ríos antes que se tomen acciones reales? Sostengo firmemente mi posición y hago un llamado al Ministro del Interior a decretar la extensión de la medida hacia nuestra región, así como de disponer de lo necesario para proteger a miles de familias que habitan donde los atentados se están instalando.

Bernardo Berger Fett

Diputado