Inquietud generó una declaración pública entregada por trece comunidades mapuches que se reunieron en Máfil la semana pasada y afirmaron su compromiso con la autonomía. Sus palabras preocuparon, porque en ellas no se ve un acercamiento al diálogo con las autoridades nacionales para resolver los problemas de violencia rural y, también, porque entre los firmantes hay algunas organizaciones vinculadas a acciones al margen de la ley como la CAM (Coordinadora Arauco-Malleco), Temucuicui y tres de Los Ríos que han protagonizado conflictos recientes.

Claramente hay razones que activan alertas. Y nada debe justificar propuestas que no busquen entendimiento. Sin embargo, en medio de todo el documento señalado, existen afirmaciones en las cuales detenerse para analizar con detalle. En particular, la referida a la condena al narcotráfico y a la preocupación que los firmantes manifiestan sobre el efecto que esa actividad ilícita genera en los jóvenes de sus comunidades, alejándolos del recto camino en el marco de su tradición: "(…) nos desmarcamos de aquellos grupos relacionados al narcotráfico que se introducen en el Wallmapu, aprovechándose de nuestros wechekeche desviándolos del Mapuche kimün y el Mapuche rakizuam".

Ese texto evidencia con claridad que sí hay grupos vinculados a las drogas que funcionan en el territorio, pero que ellos no están en la línea de las comunidades más arraigadas. Es decir, coincide con lo que reiteran las mismas autoridades regionales: se debe separar el narcoterrorismo y crimen organizado, de las aspiraciones ancestrales.

Otro punto que llama la atención es la solicitud de "definir" qué es un preso político mapuche ("Realizamos a su vez un llamado a todos las expresiones político militares, así como a lonkos y autoridades ancestrales a definir bien cuál debe ser la condición de un verdadero preso político mapuche…") aludiendo a que se reitera que en Chile no existen personas con esa calidad, sino delincuentes procesados.

Por supuesto que es complejo hacer distinción de mensajes en un texto que, a la vez reivindica los "sabotajes" o avala la lucha contra las bases sociales nacionales; algo a todas luces inaceptable. Pero leer con detalle podría ayudar a dar más luz a una situación que la requiere con urgencia.

Cómo vamos mejorando las relaciones laborales y dando mayor protección a las personas a la par que van cambiando las formas del Trabajo, ha sido uno de los grandes desafíos que sociedades como la nuestra deben enfrentar.En esa línea, hace algún tiempo ingresé un proyecto que la Cámara Baja aprobó por contundente mayoría, y que consiste en la creación de un seguro de cesantía para los trabajadores independientes. En lo central, modifica la Ley N° 19.728 sobre Seguro de Desempleo (promulgada en el año 2001), y crea una modalidad de protección social orientada específicamente a quienes ejercen de forma independiente. Esta figura podría beneficiar al grueso de los pequeños y medianos emprendedores, así como también a trabajadores a honorarios del mundo público y privado.

Además, permitiría que quienes se desempeñan bajo esta modalidad y que tengan ahorros acumulados, dispongan de ellos en caso de extrema necesidad, reafirmando de paso con ello el concepto de la propiedad privada sobre intangibles asociados al ahorro y la capitalización. Cuando ingresé a trámite esta idea el año pasado, lo hice atendiendo sobre todo a la compleja situación que dejó en evidencia la pandemia, y que afectó a miles de personas que, al verse impedidas de continuar su actividad por fuerza mayor, quedaron literalmente de brazos cruzados.

Con la misma franqueza con que defendí mi propuesta ante el pleno de la Cámara hace unos días, lo vuelvo a sostener hoy en esta columna: debemos reconocer, desgraciadamente, que de toda la fuerza laboral del país, los que están más al amparo de la suerte son precisamente aquellos que ejercen una actividad o una ocupación por cuenta propia.

El problema es de tamaño mayor, porque al no contemplarse protección alguna, se comete contra ellos una clara discriminación, arbitraria, por parte del Estado de Chile. Pero también se produce una manifiesta infracción al derecho a la seguridad social establecido en nuestra Carta Fundamental.

Al finalizar. Tras 20 años desde que entró en vigencia la Ley sobre Seguro de Desempleo, por primera vez ponemos sobre la mesa la posibilidad que el Estado cree un mecanismo que equipare la situación de los trabajadores excluidos de protección social, y lo hacemos mediante un proyecto de resolución pues en materias presupuestarias, el Presidente de la República es el único que tiene atribuciones exclusivas para legislar.

Bernardo Berger Fett

Diputado