Según el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, solamente hasta el 31 de agosto de este año hubo en Chile 603 homicidios, mientras la Fundación Paz Ciudadana dice que estos delitos han subido 70% en los últimos ocho años. Su director ejecutivo, Daniel Johnson, señala que además de incrementarse, estos crímenes han cambiado de tipología, "porque seis de cada diez no tienen imputado conocido", lo que atribuye a que son acciones premeditadas, como ajustes de cuentas, o el resultado de ilícitos que escalan en violencia y se escapan de las manos.

En Los Ríos, hace pocos días fue entregado el balance de la PDI que indicaba un alza de 56% de asesinatos en relación al año pasado. En números, en 2021 hubo 14 y en 2022 ya se elevan a 22, un crecimiento inquietante, como en todo el país, pero que -aseguran desde la policía- tiene un 91% de esclarecimiento local.

Pese a ello, hay otros rasgos que deben alertar, como la mayor presencia de menores de edad en los hechos y el uso creciente de armas de fuego, especialmente las de fogueo adaptadas (peligrosas para la víctima y el victimario), aunque todavía los medios cortopunzantes son mayoría en la región.

También se multiplican los crímenes con motivaciones relacionadas con el consumo y tráfico de drogas, flagelo que cruza a todas las regiones del país y que registra vinculaciones con el crimen organizado.

Paz Ciudadana es tajante al respecto y alerta que "Chile tiene niveles más altos de homicidios que Europa y Oceanía; es el delito que más ha aumentado" y pide acciones de prevención concretas, sobre todo en el control de la circulación de armamento y municiones; además de la aplicación de las normas legales que pueden restringir el acceso a estos aparatos.

Recientemente la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, planteó la preocupación del Poder Judicial por este escenario y desde Carabineros han expresado las limitaciones que tiene su accionar; aunque hay coincidencia en la urgencia de actuar para resguardar el derecho de las personas a la seguridad y la paz.

El diagnóstico está y la conciencia es creciente; ahora se requiere de acuerdos multisectoriales para enfrentar una realidad que interpela a los actores sociales.

A la luz de las últimas cifras tanto de endeudamiento como de morosidad en los grupos etarios de personas mayores se ha visto -en estos dos últimos años- un aumento de ellas, lo que preocupa e invita a reflexionar.

Si nos remitimos a nivel nacional a lo menos son 700 mil las personas mayores en esta condición. En Los Ríos, con base al XXXVIII Informe de Deuda Morosa de Los Ríos de Julio-Septiembre, que hace Ingeniería Comercial USS con datos de Equifax, se puede afirmar que esta realidad se está replicando. En el caso de los deudores morosos -comparando con 2021- en los tramos de 60-69 años es de un 6,0% y en el segmento 70 años y más su incremento fue de un 3,9%.

Ahora, si nos remitimos a las causas que generan el endeudamiento entre las personas mayores, una de ellas y más evidente es el bajo ingreso, fundamentalmente por los montos de sus pensiones y los niveles de escolaridad unido a una baja educación financiera, donde se produce un flujo hacia cajas de compensación, retail y farmacias, donde tienen importantes montos de deuda. Otro factor que se suma es el escaso acceso como sujetos de créditos formales, que tiene relación con el sistema financiero, bancos y otras entidades crediticias, donde se dan situaciones de no renovación de instrumentos bancarios, líneas de crédito, tarjetas de crédito, ya que por su edad se consideran clientes de riesgo. Lo anterior trae consigo dificultades para servir su endeudamiento, produciendo períodos de morosidad y cobros adicionales al monto original adeudado.

Por ello, es importante que el sistema financiero profundice en cómo establecer una banca orientada a las personas mayores, dado que el aumento de población de ese rango etario se está produciendo en forma consistente. Por lo tanto, adaptar sus productos es un reto.

Otro aspecto es que existe cierta discriminación social y económica que viene de parte de las comunidades donde habitan las personas mayores, donde en alguna medida se les ha quitado la valoración de ser fuentes de sabiduría y experiencia y, al contrario, se les atribuye una carga de carácter de salud-económica.

Es de esperar que la nueva reforma previsional apunte a mejorar esta situación de vulnerabilidad, ya que es urgente para aquellos que están jubilados y para quienes están muy cerca de pensionarse. Las personas mayores no pueden esperar en un horizonte a diez años, la premura es hoy.

Francisco Mena

Director de Ingeniería Comercial USS Valdivia