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El Congreso de Perú analizará mañana la opción de adelantar las elecciones

CRISIS. La madrugada del sábado el Lesgislativo rechazó realizar los comicios de 2026 en octubre de este año.
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El Congreso de Perú tiene en sus manos atenuar las protestas antigubernamentales que azotan al país desde hace casi dos meses, aprobando un adelanto electoral a 2023, pero la polarización atrasa la medida, lo que puede provocar un chispazo definitivo, por lo que una solicitud que fue presentada los obligará a reconsiderar su voto.

El viernes, en una sesión que se prolongó hasta la madrugada del sábado, el Legislativo rechazó en una primera votación el adelanto de las votaciones a octubre de 2023. Sin embargo, se presentó una solicitud para reconsiderar el voto por lo que los diputados deberán revisar nuevamente el sentido de su decisión para determinar si se vuelve a votar la propuesta.

Esto ocurrirá mañana lunes a primera hora, el inicio de una semana en la que todo el país tendrá una lupa puesta sobre la decisión que adopten.

Al asumir el cargo de Presidenta el 7 de diciembre pasado, Dina Boluarte expresó su deseo de quedarse hasta 2026, pero, tras las primeras semanas de protestas en su contra, anunció un proyecto de ley que adelantaba las elecciones a 2024.

Este fue aprobado por el Congreso el 20 de diciembre, pero al significar una reforma constitucional, se debe votar en dos legislaturas.

Así, a partir del 15 de febrero corresponde la segunda votación en el Legislativo que necesita al menos 87 votos y, si se aprueba, en 2024 habría elecciones.

Situación crítica

Sin embargo, pareciera imposible sostener por más tiempo la situación interna en Perú, donde, tras dos meses de protestas, al menos 64 personas han perdido la vida.

En este escenario, el jueves el fujimorismo, el grupo con más parlamentarios, presentó un proyecto para adelantar los comicios a 2023.

El proyecto fue planteado por el presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Hernando Guerra García, pero tras ocho intensas horas de debate, recibió solo 45 votos a favor cuando debía contar al menos con el voto favorable de 87 parlamentarios, dado que se trataba de una reforma constitucional.

Durante el debate, Guerra García sostuvo que el adelanto en la fecha de los comicios era "una necesidad" para "darle un alivio" a su país "y a los ciudadanos", en referencia a las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en diciembre.

Tras la odisea parlamentaria que concluyó ayer de madrugada, la moción no obtuvo los suficiente votos para ser aprobada, aunque con el pedido de reconsideración que fue presentado, se podrá repetir la votación mañana.

Gobierno se lamenta

En este contexto, el Gobierno de Perú lamentó que el Congreso no haya aceptado adelantar las elecciones generales para octubre de este año y exhortó a las bancadas "a colocar por encima los intereses" del país, en medio de la crisis social y política.

"Lamentamos que el Congreso de la República no haya logrado ponerse de acuerdo para definir la fecha de las elecciones generales donde las peruanas y peruanos puedan elegir libre y democráticamente a las nuevas autoridades", señaló la Presidencia peruana en un mensaje publicado en Twitter.

Violencia en amazonía

En paralelo, el Gobierno de la región de Madre de Dios, en la Amazonía de Perú, afirmó que "la violencia ha llegado al límite" en la ciudad de Puerto Maldonado, su capital, donde un turba de personas atacó el viernes con piedras y palos la casa del gobernador, Luis Otzuka, quien se defendió con un arma de fuego.

Policía comenzó a desbloquear rutas

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El Ministerio de Defensa de Perú informó que las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía, comenzaron a desbloquear las carreteras interrumpidas desde diciembre pasado por manifestantes antigubernamentales en diferentes regiones del país. Un contingente de 200 efectivos de la Tercera División del Ejército apoyó a agentes de la policía para despejar el puente Camaná, ubicado en la carretera Panamericana Sur y una de las principales vías de acceso a la región de Arequipa, la segunda del país. La medida se implementó en " para garantizar la libertad de tránsito y otros derechos fundamentales", según dispuso el Gobierno.