Acuatro meses de la puesta en marcha del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (RNDPA), desde el Poder Judicial se informó ayer que los nueve juzgados con competencia en asuntos de Familia de la jurisdicción Valdivia, pertenecientes a la región de Los Ríos y la provincia de Osorno, ya han inscrito a 2.847 personas por adeudar tres meses continuos o cinco discontinuos de sus obligaciones alimenticias, sumando una deuda por pensiones de alimentos que asciende a los $2.903.199.539. La cantidad de personas deudoras informadas al sistema en la jurisdicción, es la quinta más alta a nivel nacional.

En cuanto a fechas y hasta diciembre de 2022, en la jurisdicción se registraban 17 mil causas por concepto de pensión de alimentos, de las cuales, los tribunales con competencia en Familia habían realizado 9.487 liquidaciones, trámite que permite conocer si existen deudas pendientes en dichas causas, las paulatinamente han sido informadas al RNDPA.

En ese sentido, la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, señaló que en mayo comienza a regir una nueva normativa en esta materia que es la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. "Es un importante desafío no sólo para el Poder Judicial, sino para todas las instituciones involucradas y le permite al tribunal primero investigar, retener y después disponer el pago. Y se trata de investigar en todas las instituciones bancarias, financieras, los fondos de las cuentas bancarias, las cuentas de ahorro, los instrumentos de inversión y financieros que tiene el deudor. Es una labor para obtener el pago. Es una labor previa muy desafiante. Así que en eso estamos trabajando con todas las instituciones involucradas como lo son la Comisión para el Mercado Financiero, Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, la Superintendencia de Pensiones, entre otras", indicó

A nivel nacional, se han realizado 186.509 liquidaciones y se han informado 50 mil deudores inscritos en el registro nacional, llegando a una cifra de más de 65 mil millones de pesos sin pagar.

Registro de Deudores

Cabe recordar que el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos es un registro electrónico y público cuyo objeto es coordinar medidas legales, a fin de garantizar el cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos.

La ley establece una serie de consecuencias en contra del deudor, tales como: que los municipios no den curso a las solicitudes de licencia de conducir, que el Registro Civil no dé curso a la solicitud de pasaporte, retención de la devolución de impuestos, retención de hasta un 50% de los fondos de un crédito que pida el deudor por 50 UF o más.

Además, si el deudor vende un vehículo o un inmueble, se puede impedir la inscripción de la compraventa, si no se dan las garantías que aseguren el de pago de la deuda de la pensión de alimentos o no se hayan realizado las retenciones y pagos establecidos. También se pueden retener de ciertos beneficios estatales, remuneraciones, honorarios, ciertas pensiones e indemnizaciones por términos de relación laboral o el embargo de bienes.

Durante la madrugada de ayer, dos hombres adultos fallecieron calcinados a consecuencia de un incendio que destruyó por completo una vivienda ubicada en la calle Balmaceda en Río Bueno.

Según antecedentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las cuatro de la madrugada, en circunstancias que son investigadas por el Ministerio Público, quienes instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI Valdivia y también de Puerto Montt.

Asimismo, el fiscal Sergio Fuentes instruyó también la presencia del Servicio Médico Legal para realizar los distintos exámenes forenses, una de ellas para poder identificar la identidad de ambas personas, las que al cierre de esta edición aún no eran confirmadas.

Desde el Cuerpo de Bomberos de Río Bueno informaron que llegados al lugar el fuego ya estaba avanzado y que una vez controlado el siniestro, encontraron los cuerpos al interior de la vivienda. No hubo otras personas afectadas.

Cabe destacar que durante la madrugada de ayer en Río Bueno hubo otro incendio que dejó damnificados a dos hermanos de 28 y 16 años de edad, respectivamente. En el lugar también trabajó personal de bomberos de Río Bueno, quienes no pudieron evitar la destrucción total de la casa, la que estaba ubicada en la calle Arturo Prat con Las Heras.

En el contexto del programa Somos Barrio de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en la jornada de ayer la delegada presidencial de Los Ríos, Carla Peña, entregó un nuevo vehículo policial a Carabineros de la Zona Los Ríos.

Respecto a esta entrega, la autoridad enfatizó que este nuevo vehículo, "está destinado a cumplir con una importante labor preventiva en el sector Corvi de Valdivia. Queremos que Carabineros esté cerca de la comunidad, que le brinde seguridad a las familias y que, en definitiva, mejore la vida en los barrios".

A su vez, el general Álex Muñoz destacó que "este nuevo recurso logístico contribuirá al mejor desarrollo del trabajo policial, ampliando la capacidad de vigilancia preventiva en el sector Corvi, mejorando los tiempos de respuesta a las denuncias y brindando mejores condiciones de seguridad a los carabineros, entre otros beneficios".

El actual Gobierno ha entregado 22 vehículos de patrullaje en la región.

En prisión preventiva quedaron un hombre y una mujer, ambos de 29 años, que fueron formalizados por la Fiscalía Local de Valdivia por su participación en calidad de autores en reiterados delitos de robo en lugar habitado o destinado a la habitación, los que cometieron durante los últimos tres meses en la capital regional.

La formalización fue efectuada por la fiscal jefa de Valdivia, Tatiana Esquivel, quien comunicó a los imputados Mauricio Cáceres Solís y Julia Molina Obando, que la Fiscalía sigue una investigación en su contra por ingresar a sustraer especies en diez viviendas ubicadas en sectores residenciales.

Al respecto, la persecutora manifestó que "hay que destacar que el resultado exitoso de la persecución penal se logró por el trabajo coordinado entre la Fiscalía y la Brigada de Robos de la PDI". Y agregó que "para desbaratar este patrón delictual también ha sido esencial el aporte de la comunidad a través de los comités de seguridad y de los vecinos de los sectores afectados, quienes proporcionaron importantes elementos probatorios".

La Fiscalía tendrá 75 días para la investigación.