El recién renunciado comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, declarará hoy en calidad de inculpado dentro de la investigación sobre el millonario fraude al interior del alto mando. El uniformado ayer dejó su cargo, una semana antes de que asuma su sucesor, el general Javier Iturriaga. "Reitero mi inocencia y hago presente que nunca he estado ni estaré por sobre la ley, pero tampoco me corresponde que esté por debajo de la ley", sostuvo Martínez.

"He servido en esta noble institución por 46 años y muy lejos en mí está, con el respeto a los miles de hombres y mujeres que sirven a Chile desde sus filas, causarle inconvenientes y que se vea de algún modo afectada una institución por algo que afecta a su comandante en jefe", afirmó ayer el militar durante su cuenta pública como máxima autoridad del Ejército desde 2018, a una semana del cambio de mando en la institución, tras ser citado por la ministra Romy Rutherford a declarar por fraude.

"Pese a que debiera contar con la presunción de inocencia de que goza todo ciudadano, pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos", destacó Martínez, "comunico que he resuelto presentar al Presidente de la República (Sebastián Piñera) mi renuncia al cargo de comandante en jefe del Ejército, asunto que le fue informado a Su Excelencia en la tarde de ayer (martes)".

"Reitero mi inocencia y hago presente que nunca he estado ni estaré por sobre la ley, pero tampoco me corresponde que esté por debajo de la ley", afirmó el militar que hoy deberá presentarse a las 9:00 horas ante Rutherford, quien investiga el millonario desfalco.

Iturriaga

El Ministerio de Defensa confirmó que Piñera aceptó la renuncia y "en su lugar, asumirá como comandante en jefe suplente del Ejército el general de división Rodrigo Ventura Sancho, hasta el 9 de marzo", cuando ascienda Iturriaga, quien se hizo conocido cuando estaba a cargo del estado de Emergencia en la Región Metropolitana tras el 18 de octubre de 2019, al afirmar que "soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie".

El titular de Defensa, Baldo Prokurica, dijo que "este ministerio, así como sus autoridades, han sido y seguirán siendo activos colaboradores en todos los requerimientos de información solicitados por la Justicia, y que involucran a integrantes de las Fuerzas Armadas", junto con destacar las medidas anticorrupción al interior de las filas.

Desde el 11 de marzo Defensa será liderado por Maya Fernández, quien se plegó a las palabras de su antecesor, subrayando que la probidad "para nosotros es una prioridad. Yo insisto todavía no soy ministra, pero sí puedo decir que es un eje prioritario del futuro Presidente Gabriel Boric".

El exministro de Defensa Mario Desbordes dijo en CNN Chile que "el general Martínez toma una decisión correcta, lo hace pensando en el Ejército. Es absolutamente correcto", pero, "el sistema de Justicia militar ya no resiste más. (…) El sistema procesal que juzga a los militares es anacrónico y ha sido condenado internacionalmente".

"(Defensa) seguirá colaborando en los requerimientos de información solicitados por la Justicia".

Baldo Prokurica, Ministro de Defensa

La Moneda publicó la renovación del estado de Excepción por 15 días más en cuatro provincias fronterizas de la Macrozona Norte, debido a la crisis migratoria, porque, argumentó el Ejecutivo, "a pesar de todos los esfuerzos desplegados, la situación en las zonas afectadas continúa", con personas que entran en forma irregular al país caminando por el desierto, o mediante transporte ilegal.

El 15 de febrero se dictaminó por primera vez esta medida de seguridad, la cual ayer fue renovada por otros 15 días, es decir, que seguirá vigente el 11 de marzo, cuando asuma el Presidente electo Gabriel Boric. La futura ministra del Interior, Izkia Siches -quien ayer no entregó su opinión al respecto-, señaló hace algunos días que analizaría la continuidad de la medida tras hablar con representantes locales.

"A pesar de todos los esfuerzos desplegados, la situación en las zonas afectadas continúa, subsistiendo las circunstancias que motivaron la declaración indicada en el considerando primero, y sin haber cesado éstas en forma absoluta, por lo que se hace necesario prorrogar la declaración de estado de excepción constitucional", señala el texto publicado en el Diario Oficial.

"El control de las fronteras en materia migratoria y su protección contra el crimen organizado transnacional dedicado al tráfico de migrantes y la trata de personas es un problema que guarda relación tanto con la seguridad interna, como con la defensa nacional", argumentó el Ejecutivo, ya que "al desconocerse la identidad de las personas que ingresan clandestinamente, las policías no pueden ejercer adecuadamente el control migratorio y de orden público que les corresponde, lo que pone en riesgo la seguridad de la Nación".

Esta medida fue tomada luego de que un joven camionero falleciera tras caer de un paso bajo nivel en Antofagasta, donde tuvo un altercado con ciudadanos venezolanos que pedían ser trasladados en la carga del vehículo pesado, lo cual está prohibido.

La política adoptada declara "como zonas afectadas las provincias de Arica y Parinacota, en la Región de Arica y Parinacota, excluyendo el radio urbano de la ciudad de Arica; la provincia del Tamarugal, en la Región de Tarapacá; y la provincia de El Loa, en la Región de Antofagasta, excluyendo el radio urbano de la ciudad de Calama".

Además, se renueva por "el mismo período, las designaciones de los jefes de la Defensa Nacional en las zonas señaladas en el artículo anterior, y a los miembros de las Fuerzas Armadas" en el lugar.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, escribió en Twitter que "estamos utilizando todas las herramientas que permite la ley para dar seguridad en nuestras fronteras. (...) Los chilenos merecen vivir tranquilos".

El estado de Excepción también se mantiene vigente en la Macrozona Sur, debido a los hechos de violencia registrados en Biobío y La Araucanía.