Desde el momento en que se anunció el martes que las vacaciones de invierno escolares se adelantarían y alargarían a causa de la proliferación de las enfermedades respiratorias que se suman al alza en casos de covid-19, una serie de voces se han levantado para criticar la medida, lo que obligó a la ministra de Salud, María Begoña Yarza, a defender la decisión del Gobierno.

Yarza, junto al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, anunciaron que el descanso en los colegios se prolongaría por casi un mes, entre el 30 de junio y el 24 de julio, para evitar eventuales colapsos en las urgencias pediátricas en el país.

Ante los cuestionamientos, ayer la titular de Salud afirmó en radio Cooperativa que "es una medida preventiva porque los virus respiratorios se adelantaron este año, y necesitábamos adelantar las vacaciones para lograr llegar (con respuesta) antes de que tengamos el peak, que es probable que sea desde el 26 de junio", pues "la red pediátrica está saturada.

Añadió que se busca "paliar la demanda creciente de camas UCI y UTI pediátricas, junto al aumento de circulación viral de VRS (virus respiratorio sincicial) e influenza", con medidas "distintas a la vacuna", dado que, si bien para el segundo existe una campaña, para el primero no.

En la misma emisora el exministro de Salud Jaime Mañalich criticó la decisión: "Yo creo firmemente que es inadecuada porque todavía como sociedad no hemos aquilatado bien lo que representan el daño a los estudiantes estos dos años y tanto de pandemia".

Según afirmó, esta decisión se debe a que "la campaña de vacunación con cuarta dosis ha fracasado, no ha sido capaz de mantener una tasa de vacunación adecuada que proteja a la población". Y también cuestionó la flexibilización del pase de movilidad: "El 1 de junio se dice que para entrar a un recinto cerrado se requiere pase de movilidad y un millón de pases se bloquean; 12 días después se les dice que ya no es necesario que tengan sus vacunas al día, ahora se puede hacer un PCR para entrar. Es algo bien bochornoso".

Mañalich dijo que no se justificaba una medida de carácter general, porque "el virus sincicial es la infección fundamental de niños menores de 4 años. ¿Cuál es la razón por que un joven de tercero medio va a tener cuatro semanas sin clases?".

Una posición similar expuso la titular de la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz, quien planteó que "si hay comunidades escolares en regiones en que la situación sanitaria no es crítica, se debiera permitir que las clases se mantengan. El impacto pandémico ha sido demasiado".

Colmed: faltó Prevención

El secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci también expresó su reproche a la medida. En radio Universo afirmó que "mientras números más bajos tengamos de covid-19, lo podemos sacar como un factor estresante del sistema. No pudimos tomar situaciones preventivas para tener el factor covid-19 fuera de la ecuación, hoy no está fuera y eso juega un rol preponderante para tomar la decisión que se está tomando".

Otra crítica apunta a que durante todos esos días de más de descanso los niños no tendrán sus alimentaciones de la Junaeb, lo que fue descartado por la ministra Yarza: "Los colegios no van a estar cerrados (durante la semana adicional de las vacaciones). No sólo con los almuerzos, habrá actividades extracurriculares. En ningún momento vamos a descuidar a los niños".

Esto fue confirmado por el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos: "Mantendremos las escuelas abiertas en el caso de que los padres o madres no tengan, producto del trabajo, capacidad de mantenerlos en la casa".

Se permite teletrabajo

Ante la dificultad de los padres para cuidar a sus hijos durante las vacaciones extendidas, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen en que se ordena a los empleadores a permitir el teletrabajo de sus funcionarios.

"El empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña menor de 12 años la modalidad de trabajo a distancia sin reducción de remuneraciones", dice el texto.

Un día después de que el pleno de la Convención Constitucional aprobara una serie de disposiciones controversiales de la Comisión de Normas Transitorias, los ánimos estuvieron lejos de calmarse y se siguió discutiendo acerca de lo que implicarán.

Una de ellas fue la que transforma los actuales "derechos de aguas" en "autorizaciones de uso del agua", lo que fue cuestionado por el convencional de Renovación Nacional Roberto Vega, quien afirmó que "es una expropiación encubierta: se les metió la mano al bolsillo de cientos de miles de agricultores que no están robando, sino que simplemente están trabajando para producir alimentos".

También fue muy polémica la norma visada que impone un quorum de 4/7 para que el actual Congreso apruebe reformas a la nueva Constitución, en caso de ser aprobada en septiembre. Y en caso de "reformas sustanciales" se requerirán 2/3 de los parlamentarios o 4/7 más un plebiscito ratificatorio, lo que para algunos es un cerrojo.

Ante esto el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, afirmó que "no es razonable llamar cerrojo a las propuestas que hemos establecido. La Constitución actual requiere 2/3 y 3/5; la que proponemos nosotros tiene 4/7 y el apoyo de la ciudadanía. La ciudadanía podrá hacer su juicio".

Durante la jornada de ayer también se conocieron serias críticas de parlamentarios socialistas al ministro de Segpres, Giorgio Jackson: senadores PS lo acusaron de estar "más preocupado de la destrucción de las instituciones democráticas que de preparar verdaderamente una agenda de seguridad para el país", en alusión a la norma que puso fecha para el fin del Senado actual en marzo de 2026, sin importar que la mayoría de sus integrantes solo habrá cumplido la mitad de su periodo.

Ante ello la ministra vocera, Camila Vallejo, afirmó que "no veo por qué esto sea un tema de responsabilidad del Ejecutivo" pues la Convención Constitucional es completamente autónoma del Gobierno.

El órgano que sí estuvo conforme fue la Corte Suprema, cuya vocera, Ángela Vivanco, agradeció "la decisión republicana de no descabezar al Poder Judicial, y permitir que la institución siga funcionando como corresponde en un estado de derecho". Con ello apuntó a la norma que dejará a los actuales jueces jubilar a los 75 años y la disposición de que terminen a los 70 años será solo para quienes ingresen tras la entrada en vigencia de la nueva Constitución.